Por Mary González
La diputada de Morena, Nelly Brígida Rivera Sánchez, ha presentado una propuesta para homologar la imagen de las corporaciones policiacas en el Estado de México, bajo el argumento de que una apariencia uniforme generará confianza ciudadana, sin embargo, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por centrarse en aspectos cosméticos en lugar de abordar los problemas estructurales que afectan la seguridad pública en la entidad.
La propuesta plantea modificar las leyes de Seguridad y Orgánica Municipal para imponer criterios uniformes sobre uniformes, vehículos, logotipos e insignias. La diputada sugiere que una “imagen confiable” fortalecerá la legitimidad policial.
Pero mientras los cuerpos de seguridad siguen enfrentando acusaciones de corrupción, abuso de poder y falta de profesionalización, resulta poco convincente que un rediseño de uniformes y vehículos sea la solución.
Además, la iniciativa delega a la Secretaría de Seguridad estatal la emisión de lineamientos obligatorios, y exige que los municipios adapten sus compras de equipo a estos estándares visuales, incluso condicionando licitaciones.
La imposición de criterios estéticos, sin garantizar mejoras reales en la capacitación o el control interno, parece más una estrategia publicitaria que una política de seguridad efectiva.
Aún más preocupante es que esta medida podría implicar un uso desproporcionado de recursos públicos para cambiar colores y logotipos, cuando muchas corporaciones carecen de lo más básico: patrullas en buen estado, armamento funcional y salarios dignos.
La seguridad pública no se resuelve con marketing institucional. Lo que se necesita es una reforma profunda, con enfoque en derechos humanos, profesionalización y control ciudadano. Apostar por la apariencia, sin atacar el fondo, es una distracción peligrosa e ineficaz.
