Mireya Álvarez
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una serie de acusaciones contra el gobierno federal, al que responsabilizó de la grave crisis de violencia que atraviesa el país, y al que calificó de “cómplice” por permitir, según él, la expansión del crimen organizado en distintas estructuras del poder.
Durante una rueda de prensa en la sede del Congreso de la Unión, el también senador denunció que México enfrenta niveles de inseguridad sin precedentes, con más de 220 mil homicidios y al menos 125 mil personas desaparecidas en los últimos años. “La violencia no es casual, responde a una estrategia fallida y permisiva. El crimen ha tomado el control en muchas regiones del país”, declaró.
Ante ello, Moreno Cárdenas anunció que el PRI interpuso denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra figuras clave del oficialismo, incluyendo al expresidente Andrés Manuel López Obrador, el senador Adán Augusto López Hernández, y varios mandatarios estatales de Morena, por presuntos vínculos con grupos criminales.
Los gobernadores de Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Chiapas, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Rubén Rocha Moya y Rutilio Escandón, respectivamente, fueron señalados por encubrir o colaborar con organizaciones delictivas en sus entidades.
Además, el líder priista acusó directamente a López Obrador, a su hijo Andrés López Beltrán y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, de estar involucrados en tramas de corrupción y actividades ilícitas que ya habrían sido documentadas por organismos internacionales.
También exigió la salida inmediata de Adán Augusto López de la Junta de Coordinación Política del Senado, al calificarlo como operador clave del sexenio anterior en la supuesta protección a redes criminales. Afirmó que existen actas constitutivas de siete empresas vinculadas al exfuncionario y a su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, que estarían relacionadas con actividades ilegales.
Entre las acusaciones más delicadas, señaló la presunta intención del grupo delictivo “La Barredora” de abastecer con combustible de contrabando al Tren Maya, y denunció que se les habrían entregado terrenos en esa zona. “Todo esto forma parte de una red de tráfico de diésel y huachicol fiscal, que no puede quedar impune”, aseguró.
Las denuncias, adelantó, también serán llevadas ante tribunales internacionales. “Vamos a acudir a instancias en Estados Unidos y a la Corte Penal Internacional en La Haya, porque lo que estamos viendo son crímenes de lesa humanidad cometidos desde el poder”, afirmó el dirigente.
Asimismo, el también senador responsabilizó al exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, de tener presuntos vínculos con el crimen organizado y con el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en 1985.
Frente a los cuestionamientos sobre el intento de desafuero en su contra, el líder del PRI desestimó el proceso: “Ya fue archivado. No tienen pruebas ni fundamentos. Fue un intento burdo de intimidación. Y les vamos a volver a ganar”, sentenció.
Finalmente, acusó al gobierno de utilizar ataques contra la oposición como una cortina de humo ante la gravedad de los señalamientos. “Lo que quieren es callar a quienes los enfrentamos. Pero el PRI está firme, denunciando la corrupción y defendiendo la democracia. No nos van a silenciar”, concluyó.
