* El presidente de la Jucopo, el diputado Francisco Vázquez indicó que garantizarán los derechos de los trabajadores……
Por Martha Romero
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de la bancada de Morena en el Congreso Mexiquense, el diputado Francisco Vázquez Rodríguez dio a conocer que la liquidación del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) será de cerca de 60 millones de pesos.
Recordó que el órgano público estatal aún tiene 90 días para que concluya con sus funciones, lo que será justo al finalizar el presente año y será el momento en que sea declarada constitucionalmente su desaparición en el Estado de México, por lo que en el presupuesto para el 2026 ya no tendrá recursos asignados porque ya no existirá la figura del Infoem.
Actualmente, dijo, están buscando la forma de cómo garantizar primeramente el derecho de los trabajadores, es decir, están garantizando primero la liquidación de los trabajadores para luego hacer una recontratación y, posteriormente, las funciones tanto de transparencia como el hecho de que los datos personales estén totalmente protegidos.
“La base de datos está protegida, la tiene que entregar, será parte del Gobierno del Estado de México y de ahí se determinará como hacemos la adecuación, que los datos y la base de datos esté protegida”, añadió.
Vázquez Rodríguez reiteró que una situación es la tecnología y otra determinar cómo darle cumplimiento tanto a la protección de datos como a la transparencia, lo que estará cubierto con la Contraloría, aunque una parte puede llegar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (Osfem) o a la Contraloría del Poder Legislativo, que es lo que falta por determinar.
Sobre los municipios señaló que pueden “bajar la cortina”, pero a final de cuentas sigue habiendo solicitudes de transparencia y ahí es donde se va a hacer totalmente la transferencia.
Finalmente, resaltó que el infoem tiene que seguir haciendo su trabajo hasta que “bajen la cortina”, es decir, pueden seguir sancionando porque aún tienen la facultad, pero también tienen la obligación de atender dichas solicitudes hasta que dejen de trabajar porque siguen cobrando una quincena.
