Tras afirmar que el delito de extorsión sigue siendo uno de las grandes limitantes a la llegada de inversiones, el crecimiento y permanencia de las unidades económicas y la percepción de seguridad entre la población, Mauricio Massud Martínez, Presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, hizo un llamado a establecer un ejercicio conjunto, que garantice la seguridad de los denunciantes y establezca recursos de manera inmediata en materia de inteligencia e inversiones en tecnología que permitan resultados medibles y visibles a la población.
Señalo que el pago de derecho de piso, llamadas de extorsión, la recepción de amenazas y el sobre costo de productos e insumos, ha representado un arancel que ha sido pagado por años, ya que, para muchas unidades económicas, el pago de extorsión se ha convertido en una segunda renta, problemática que está asociada de manera directa al cierre de negocios, la pérdida de patrimonio, y por supuesto a la pérdida de empleos.
Massud Martínez, preciso que el Estado de México se ubica como una de las entidades con índices más altos en la Comisión de este delito y más de 1500 denuncias, sólo en lo que va del año, por lo que uno de los principales retos en la materia es conseguir recuperar la confianza de la población para poder realizar las denuncias que alcanzan apenas el 0.2% de los delitos cometidos en esta materia, lo que ocasiona resultados limitados.
“Los gobiernos de los estados están obligados a la asignación de recursos propios, inteligencia y difusión sobre la denuncia para disminuir de manera efectiva el delito de extorsión, si se trata de homologar, tipos penales, sanciones y la línea 089 pero también vemos algunos puntos estructurales que no se han considerado como la red de corrupción que se tiene dentro de los centros penitenciarios, y que siguen siendo uno de los principales puntos de donde emergen estos delitos”, dijo el empresario.
Refirió que esta semana, con el arranque del Periodo Ordinario de Sesiones en el Congreso Federal, se marca un punto determinante para avanzar en el establecimiento de la Ley General contra la Extorsión y con ella, las acciones que deberán emprenderse de manera local para atender la problemática, “La Reforma para la implementación de la Ley General contra la Extorsión, requiere Reformas a la Constitución, al Código Nacional de Procedimientos Penales y en la ley Contra la Delincuencia Organizada”, afirmo.
