Por Mireya Álvarez
Luis Fernando Camacho Lupercio, recién electo como presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y próximo magistrado penal en Texcoco, ha marcado una clara línea divisoria respecto al pasado: no habrá continuismo, así lo aseguró en entrevista, donde delineó una visión de cambio institucional y combate frontal a la lejanía entre la justicia y la ciudadanía.
Camacho Lupercio fue enfático al señalar que su administración iniciará lo que llamó una “transformación del Poder Judicial”, bajo una consigna clara: “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. Afirmó que este proceso no será abrupto ni improvisado, pero sí firme y con fundamentos jurídicos y presupuestales sólidos, apoyado por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
“Nos quieren etiquetar como un proyecto revolucionario. Yo lo digo con orgullo. Si revolucionar es cambiar estructuras injustas, entonces sí, lo somos”, subrayó, quien adelantó que impulsará reformas constitucionales para blindar los cambios desde su primer día en funciones, previsto para el tercer periodo administrativo.
En este sentido, el próximo tercer titular del máximo tribunal mexiquense detalló las primeras cinco acciones prioritarias que marcarán su gestión, siendo la primera de ellas, un juzgado en cada municipio: Actualmente, sólo hay 36 juzgados en la entidad, por ello, planea ampliar la cobertura judicial a los 125 municipios mexiquenses, utilizando inmuebles donados por ayuntamientos y eliminando gastos superfluos.
Segundo, la creación de observadores judiciales ciudadanos, que constará de líderes comunitarios con reconocimiento social serán integrados como enlaces entre la ciudadanía y el sistema judicial, con acceso controlado a información relevante para detectar irregularidades.
Tercero será la transparencia mediante “mañaneras judiciales”, donde implementará conferencias periódicas abiertas a medios y defensores de derechos humanos, donde se abordarán casos polémicos y se responderá a preocupaciones ciudadanas.
Cuarto, la revisión y reestructuración presupuestal, donde se auditará el uso de recursos, se eliminarán excesos salariales y se reorientará el gasto hacia necesidades operativas reales. Aplicará la Ley de Austeridad Republicana.
Y la última, dijo, será la Comisión contra la fabricación de carpetas de investigación, donde se creará un órgano especial para detectar y sancionar montajes judiciales en contra de periodistas, activistas o ciudadanos, además, propondrá al Congreso tipificar como delito grave la fabricación de carpetas falsas. “No vamos a traicionar a la gente”.
