* Familias de desaparecidos recorren bosques en Lerma y Ocoyoacac mientras denuncian abandono institucional ante la crisis de desapariciones……
Por Mary González
Las familias vuelven al monte
La mañana del 15 de marzo comenzó una nueva jornada de búsqueda encabezada por familiares de personas desaparecidas en los municipios de Lerma y Ocoyoacac en el Estado de México, no fue una operación oficial ni un despliegue extraordinario de las autoridades, fue otra brigada organizada por quienes llevan años viviendo la ausencia de un hijo, una hija, un hermano o una madre, personas que han tenido que convertirse en buscadoras porque el Estado ha demostrado una y otra vez su incapacidad para hacerlo.
Integrantes del colectivo Flores en el Corazón, acompañadas por familiares de víctimas de desaparición y otros colectivos ciudadanos, iniciaron recorridos en zonas cercanas al Parque Nacional Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla (La Marquesa), un sitio que desde hace años ha sido señalado por colectivos como una zona donde podrían existir indicios relacionados con casos de desaparición.
La escena se repite en distintos puntos del país, mujeres con palas, varillas y fotografías plastificadas caminando entre árboles, abriendo brechas en la tierra y observando el suelo con una mezcla de esperanza y miedo, esperanza de encontrar alguna pista que permita saber qué ocurrió con sus familiares, miedo de que esa pista confirme la peor de las verdades.
Buscadoras sustituyen al Estado
Esta brigada representa la tercera jornada de búsqueda organizada en la zona metropolitana del Valle de Toluca, en ejercicios anteriores los resultados han sido dolorosamente reveladores, porque en lugar de respuestas institucionales han sido las propias familias quienes han logrado localizar indicios en campo.
La primera brigada metropolitana realizada en febrero del año pasado en zonas de Xalatlaco y La Marquesa derivó en cuatro hallazgos positivos, mientras que una segunda jornada organizada en septiembre permitió documentar dos resultados adicionales, cifras que lejos de ser un logro institucional se han convertido en un símbolo incómodo de la realidad mexicana, en este país muchas veces son las víctimas quienes terminan investigando sus propios casos.
Detrás de cada número hay historias devastadas, hay hogares detenidos en el tiempo y madres que llevan años recorriendo cerros, caminos rurales y terrenos abandonados en busca de restos, de ropa, de huesos o de cualquier objeto que permita reconstruir la historia de una desaparición.
El problema no es únicamente la magnitud de la crisis, el problema es la respuesta institucional que con frecuencia llega tarde, llega mal o simplemente no llega.
Buscar con palas mientras el gobierno administra cifras
Las integrantes de los colectivos lo repiten cada vez que toman la palabra frente a los medios o frente a funcionarios públicos, buscan porque las autoridades no lo hacen, buscan porque las investigaciones avanzan lentamente o se quedan archivadas en expedientes que acumulan polvo en escritorios oficiales.
Las madres buscadoras denuncian que en muchos casos ni siquiera existen planes claros de búsqueda, ni estrategias de campo consistentes, ni coordinación efectiva entre las instituciones encargadas de investigar desapariciones, mientras tanto ellas continúan caminando con herramientas rudimentarias y con un conocimiento del territorio que han construido a partir del dolor.
El colectivo Flores en el Corazón surgió en 2020 en Toluca y actualmente está integrado por familiares de 28 personas desaparecidas, pero su historia no es única, en todo México existen decenas de colectivos similares que se han organizado para hacer lo que el aparato estatal no ha logrado resolver.
Un país que normalizó la ausencia
La nueva brigada que comenzó este 15 de marzo busca ampliar las acciones de búsqueda en el Valle de Toluca y fortalecer la colaboración entre colectivos ciudadanos, pero también vuelve a colocar en el centro del debate una pregunta que incomoda al poder público, por qué son las familias quienes siguen haciendo el trabajo que debería encabezar el Estado.
La respuesta está en una crisis que lleva años creciendo y que ha colocado a México entre los países con mayor número de personas desaparecidas en el mundo, una crisis que no se explica solo por la violencia del crimen organizado sino también por la debilidad institucional, por la falta de investigaciones efectivas y por la incapacidad de los gobiernos para enfrentar el problema con la dimensión que exige.
Mientras las autoridades anuncian estrategias, reformas legales o nuevas comisiones, las familias siguen buscando con sus propias manos, abriendo la tierra con la esperanza de encontrar respuestas que el sistema de justicia no ha sido capaz de ofrecer
La deuda que el Estado sigue evitando
Cada brigada de búsqueda organizada por los propios familiares es al mismo tiempo un acto de resistencia y una acusación silenciosa contra el Estado mexicano, porque demuestra que quienes han perdido a un ser querido no pueden esperar sentados a que la burocracia resuelva sus casos.
Las madres buscadoras no deberían estar cavando fosas clandestinas, no deberían recorrer montes ni aprender técnicas improvisadas de identificación de restos humanos, no deberían enfrentar amenazas o riesgos en territorios donde operan grupos criminales, sin embargo lo hacen porque la alternativa es quedarse en casa esperando respuestas que muchas veces nunca llegan.
La crisis de desapariciones en México no es solamente una tragedia humanitaria, es también una evidencia del fracaso institucional de un país que todavía no logra garantizar lo más básico, el derecho de una persona a no desaparecer sin dejar rastro.
Mientras eso ocurre, las madres seguirán caminando, seguirán cavando y seguirán preguntando lo que nadie en el poder parece dispuesto a responder, dónde están.
