El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, presentó un informe detallado sobre los avances en materia de seguridad en el estado de Sinaloa.
García Harfuch recordó que, tras el incremento de la violencia registrado en septiembre de 2024 por disputas entre grupos criminales, la presidenta instruyó un reforzamiento inmediato de la presencia federal, por lo que se desplegaron de manera progresiva elementos de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, SSPC y la FGR, en coordinación con autoridades estatales.
El funcionario subrayó que estas acciones forman parte de tres objetivos prioritarios: reducir la incidencia delictiva, detener a generadores de violencia y fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de las corporaciones locales.
“Una de cada cinco armas aseguradas en el país ha sido decomisada en Sinaloa, incluyendo fusiles Barrett, lanzagranadas y más de un millón de cartuchos útiles”, destacó García Harfuch.
El titular de la SSPC también informó sobre operativos específicos contra líderes criminales vinculados a Los Chapitos, el Cártel de Sinaloa y Los Mayos, así como la liberación parcial de personas privadas de la libertad en Mazatlán y Concordia.
“Estamos trabajando para que estos delitos no queden impunes y vamos a detener a todos los involucrados. Seguiremos operando en coordinación con la autoridad estatal para frenar homicidios, extorsiones y tráfico de drogas”, afirmó.
Respecto al caso de los trabajadores mineros privados de la libertad en Concordia, García Harfuch señaló: “Desde el primer momento desplegamos células de investigación y patrullajes en coordinación con Sedena, Marina y Guardia Nacional. Ya hay detenidos vinculados a estos hechos y las investigaciones continúan abiertas”.
Finalmente, el funcionario reiteró que la estrategia de seguridad en Sinaloa se mantiene bajo supervisión directa del gabinete federal: “La instrucción de la presidenta Sheinbaum es clara: mantener presencia permanente en el estado, reforzar las capacidades de la policía estatal y garantizar que ningún delito quede sin castigo”.
