Después de 20 años de recurrir a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad pública en México, la persistencia de la violencia en el país alerta que “esta estrategia ha sido fallida, pues sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las Fuerzas Armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”. Así lo considera Amnistía Internacional en su más reciente informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”.
El informe hace un recuento de datos duros que evidencian la “estrategia fallida”, implementada de manera intensiva de 2007 a 2024, periodo en el que “al menos 101 mil 933 personas han desaparecido y 452 mil 254 han sido asesinadas, entre ellas 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medioambiente”.
El documento refiere que la estrategia de militarización sostenida en las últimas administraciones no sólo ha incorporado a los elementos castrenses, sino que ha impuesto una doctrina entre las corporaciones policiacas de “obediencia y heroísmo”, privilegiando la contratación de personal con antecedentes militares o pertenencia a las Fuerzas Armadas.
“La decisión de los sucesivos gobiernos de emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública implica abordar los problemas de seguridad con una lógica similar a un conflicto armado. Esto significa que, a partir de la construcción de un enemigo, se privilegia el uso de la fuerza letal sobre otros medios, en lugar de buscar soluciones duraderas en que se respeten y garanticen los derechos humanos en todo momento”, señala el informe.
De hecho, esa narrativa ha servido para justificar la desaparición de la Policía Federal, para transitar hacia una Guardia Nacional, que sí bien en el papel nació en 2019 como una corporación civil, en los hechos se convirtió en un ente castrense, que ahora forma parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a partir de la reforma constitucional de reciente aprobación, una herencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Tras una revisión histórica y legislativa del incremento de la presencia de Fuerzas Armadas en la seguridad pública desde el sexenio de Felipe Calderón, la organización hace un recuento del despliegue de las fuerzas castrenses por sexenio: de 2006 a 2012, de 48 mil 500; entre 2012 a 2018, 53 mil y de 2018 a 2022, de acuerdo con los datos más actualizados, se desplegaron a 73 mil 347 elementos castrenses.
En el caso de la militarizada Guardia Nacional, el informe resalta que hasta noviembre de 2023 este organismo contaba con 128 mil integrantes, se habían edificado 295 cuarteles, había 124 más en construcción y 155 por edificar, además de que la Sedena ya había destinado 100 espacios a la Guardia Nacional.
