México se encamina a su quinta evaluación internacional sobre combate al lavado de dinero con vacíos legales, metas sin cumplir y fragilidades que no han sido solventadas, especialmente en las llamadas “actividades vulnerables”, señalaron analistas financieros.
Resaltaron que México aún no cuenta con el marco legal que obligue a las empresas con actividades profesionales no financieras a implementar los protocolos de capacitación y los sistemas de alertas.
Las estimaciones sobre el dinero sucio que ingresa a la economía nacional oscilan entre los 44 mil millones de pesos anuales calculados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, los 145 mil millones reportados por el Ins tituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y los 900 mil millones de pesos que ha llegado a estimar el Global Financial Integrity (GFI).
Programado para junio próximo, el examen aplicado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) revisará los avances del gobierno mexicano en 40 frentes que buscan cerrarle el paso a los grupos criminales que introducen recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero, indicaron.
El punto más débil del sistema financiero mexicano son las 18 “actividades vulnerables”, establecidas en el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, entre las que destacan el comercio de obras de arte, la compraventa de joyas, tarjetas de prepago, notarías públicas, servicios de blindaje y juegos de apuestas.
En su última actualización sobre los avances de México -reseñaron los especialistas-, el GAFI reportó que México cumple con 10 de las 40 recomendaciones, 22 tienen un cumplimiento avanzado, siete están parcialmente cumplidas y una no se ha cumplido; esta última es la recomendación número 23, relativa a las Actividades Profesionales No Financieras, mejor conocidas en México como “actividades vulnerables”.
De acuerdo con la más reciente Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, realizada por la Secretaría de Hacienda, actualmente las actividades más vulnerables a la infiltración de dinero ilícito son las transacciones de obras de arte, la comercialización de joyas, las tarjetas prepagadas, los monederos de recompensas y los vehículos aéreos.
Otro foco rojo de cara a la evaluación del GAFI son las organizaciones sin fines de lucro, pues han aumentado los casos en que asociaciones que aparentemente promueven actividades culturales, educativas y hasta religiosas han mostrado indicios de estar financiadas por grupos terroristas.
“El Gobierno de México, preocupado por la utilización de instituciones susceptibles de colaborar en actividades ilícitas, ha propuesto una reforma con la finalidad de que a las organizaciones sin fines de lucro les sean aplicables las medidas en materia de financiamiento al terrorismo, a fin de que sean cumplidas con independencia de las corrientes a sus actividades”, apunta el documento de la SHCP.
Cabe señalar que en los últimos años, el PAN, el Partido Verde y Morena han presentado diversas iniciativas de ley para dotar al sistema financiero mexicano del marco legal para reforzar la vigilancia de los recursos en las actividades vulnerables, pero ninguna ha procedido.
