NACIONAL

México rompe argumento de inmunidad de armerías en E.E.U.U.: SRE

Pablo Arrocha Olabuenaga

En esta encarnecida lucha que enfrenta el gobierno de México en contra de los fabricantes y vendedores de armas que llegan a manos de la delincuencia organizada, parece que la balanza pudiera inclinarse a favor de México.

Sobre este controvertido tema, Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que el Estado mexicano ha comenzado a presentar pruebas en contra de las tiendas de armas estadounidenses por decisión de la Corte Federal con sede en Tucson, Arizona, y lo consideró un gran logro.

“Es un gran logro, el alcance es que podamos pegar de manera directa al argumento de inmunidad a las armadoras y tiendas que ha tenido que ver con la ley estadounidense del control de armas. Estos litigios, muy estratégicos, de México han roto el argumento de la inmunidad, la corte en Arizona ya nos permitió avanzar”, reconoció.

Hay que recordar que México presentó dos demandas civiles en Estados Unidos al respecto del tráfico de armas: una en 2021, en Boston, Massachusetts, en contra de empresas manufactureras, y otra en 2022, en Tucson, Arizona, contra tiendas de armas.

Al profundizar en el tema, el consejero jurídico señaló que buscan lograr el mismo avance en la Corte de Boston porque la finalidad de las demandas es “combatir las prácticas negligentes en las que incurren al vender las armas sin los controles estrictos y necesarios y evitar que las armerías lleven a cabo la venta de estas armas en México de manera ilegal”.

De igual manera, consideró que las declaraciones que Donald Trump haga sobre el caso no afectarán la decisión de la Suprema Corte porque, a pesar de que se trate de un tema de seguridad que atañe a ambos países, una demanda es un proceso jurídico y legal al que sólo le da seguimiento la Suprema Corte.

Al respecto de la audiencia que se llevará a cabo el martes 4 de marzo, señaló que viajó a Washington D.C. para supervisar su preparación y tuvo una reunión con el presidente de Global Action Against Gun Violence, Jonathan Lowy, así como con el abogado Steve Shadow, representantes legales de México en las dos demandas.

“En la audiencia se van a revisar los argumentos que han utilizado las empresas manufactureras y los que presentamos nosotros, para ver si son admisibles. Pero creemos que los argumentos son muy sólidos. La misma Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos también publicó un informe señalando que 74 por ciento de flujo de armas ilegales de Estados Unidos llegan aquí a México”, agregó.

También explicó que la petición del Estado mexicano es que la Corte calcule la indemnización que le corresponde a México, así como que se fortalezca el control de venta de armas.

“Estimamos que la resolución de la Suprema Corte saldrá hasta mediados del año, calculamos alrededor de junio. Y lo que queremos es que se detenga el tráfico de armas a México”, insistió.

A través de un comunicado, la SRE detalló que “en seguimiento a las indicaciones del canciller Juan Ramón de la Fuente, el consultor Jurídico viajó a Washington D.C. para supervisar también la preparación de la audiencia que se celebrará el próximo 4 de marzo en la Suprema Corte de Estados Unidos, como parte de la demanda presentada por el gobierno de México ante una corte federal de Massachusetts. El máximo tribunal estadounidense analizará si las empresas demandadas gozan de inmunidad, aun cuando sus prácticas facilitan el tráfico ilícito de armas hacia nuestro territorio”.

La cancillería agregó que el equipo también discutió la estrategia a seguir en el litigio en Arizona, que ha avanzado favorablemente para México a una nueva etapa para recabar evidencia.

Recientemente la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, publicó que estima que anualmente se trafican ilegalmente hacia México alrededor de 200 mil armas provenientes de ese país.

“Esto es propiciado por las prácticas comerciales negligentes de fabricantes y vendedores, quienes comercian sus productos aun cuando tienen conocimiento de que terminarán en manos del crimen organizado”, finalizó.

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