La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) acordó que México amplíe las fuentes de pago para cumplir con su obligación de entregar a Estados Unidos 2 mil 158 millones de metros cúbicos (Mm3) de agua del río Bravo cada cinco años, como marca el tratado de 1944.
Se especifica que de acuerdo con el acta 331, firmada el pasado 7 de noviembre en esta ciudad, México podría ahora recurrir a dos ríos -ubicados en Tamaulipas- adicionales a los seis ya comprometidos, así como liberar los volúmenes excedentes de las presas de estos seis últimos, entre ellos el Conchos, el más grande de Chihuahua.
De igual manera, señala el documento, “a fin de reducir o evitar un potencial faltante”, este país podrá pagar “con agua asignada a México de las aportaciones al río Bravo” de estos seis afluentes; es decir, aportar más de los dos tercios que le quedan después de entregar una tercera parte al vecino país.
El acta -prevista desde octubre de 2020, en el contexto del conflicto del agua de la presa La Boquilla- se aprobó a poco menos de un año de que concluya el presente quinquenio con una deuda que actualmente es de más del 70 por ciento de los 2 mil 158 Mm3 que debe entregar el país.
Por tanto, dijo Manuel Morales, secretario de la Sección Mexicana en la CILA y quien enfatizó en el carácter temporal y aún no definido de las medidas, se prevé que estas puedan empezar a aplicarse antes de octubre de 2025.
“Esa es la idea, que sea en lo que resta de este ciclo. Pero, como le digo, todavía no se tiene nada definido, se sigue analizando”, dijo Manuel Morales.
“Estas herramientas, como el acta lo dice, son para reducir o evitar un potencial faltante en el ciclo. Recordemos que, ahorita, nosotros sí tenemos un faltante en el ciclo actual y pues esto nos ayudaría a mitigar un poco, a lo mejor ese potencial faltante que nos vaya a pasar o nos pueda pasar al final del ciclo, en octubre del próximo año”, agregó.
En el acta se detalla la posibilidad de que México recurra a las nuevas fuentes de agua en su territorio para compensar su deuda con Estados Unidos en los siguientes términos: “Siempre que el almacenamiento en cualquier presa mexicana de los seis afluentes identificados en el Tratado de Aguas de 1944 sea superior a la capacidad normal de conservación (NAMO), México liberará dichos volúmenes excedentes hacia aguas abajo, con la meta de que alcancen la corriente principal del río Bravo.
Igualmente, siempre y cuando se garantice el abastecimiento doméstico y municipal de las poblaciones mexicanas que dependen de las presas mexicanas de los afluentes aforados, “México valorará la posibilidad de asignar volúmenes para el cumplimiento de sus obligaciones en el Tratado con aguas almacenadas en dichas presas”, como indica la resolución 6.
La resolución 8, por separado, agrega que “México podrá utilizar las aguas que el Tratado de Aguas de 1944 le asigna de los ríos San Juan y Álamo conforme a lo estipulado en el tratado para reducir o evitar un potencial faltante, cuando México no las necesite o no las pueda utilizar”.
Sobre estos dos afluentes, Manuel Morales dijo que aunque “el Tratado define que son cien por ciento para México, el mismo Tratado, en su artículo 9, puede autorizar a la Comisión para que se deriven a favor de otro país cuando así se requiera, cuando México no las necesite o no las pueda utilizar”.
En el río San Juan, agregó el funcionario, “muchas veces hay excedentes y esos excedentes no pueden ser utilizados por México porque están cubiertos por los usos municipales y agrícolas y pues simplemente se van y descargar y, en ese tramo del San Juan, está muy cercano ya el Golfo de México, se van y se descargan y se pierden en el Golfo de México, no hay un uso de esas aguas”.
El acta, por tanto, dijo, permite poner en la mesa de Estados Unidos: “Mira hay excedentes de este río, podemos utilizarlos para cumplir con nuestros compromisos del Tratado”.
El documento aprobado la semana anterior indica también que las resoluciones están sujetas a la aprobación de los dos gobiernos, sobre lo que Morales agregó que “tienen que estar de acuerdo ambos países a través de sus instituciones competentes, como lo es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), finalizó.
