* Por más de medio siglo, más de 600 habitantes del pueblo de Santo Tomas El Pedregal han enfrentado no solo el acoso y hostigamiento institucional, sino también de empresarios, inversionistas y particulares……
Por Martha Romero
Por más de medio siglo, los más de 600 habitantes del del pueblo de Santo Tomas El Pedregal han enfrentado no solo el acoso y hostigamiento institucional, sino también de empresarios, inversionistas y particulares, ello al defender su territorio y los manantiales ubicados en la región, por lo que piden la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
Sus habitantes son nietos, bisnietos e hijos de hombres y mujeres que desde el siglo pasado han realizado toda clase de trámites y juicios para defender el legado de sus abuelos, tierras habitadas y trabajadas por ellos desde hace décadas, donde la producción agrícola era abundante gracias a los manantiales y al empeño de sus pobladores, pero por la corrupción en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades municipales todo eso se perdió.
Ante este panorama, las familias unidas por la adversidad y por la defensa de su patrimonio han decidido seguir luchando por el sitio donde están sus hogares y las siembras que aún les dan de comer, tierras que serán el futuro de sus hijos, por lo que conformaron el colectivo Pro Defensa y conservación del agua, bosques, flora, fauna, territorio y derechos humanos del Pueblo de Santo Tomás El Pedregal.
El asunto no es menor, dicen, pues son muchos los perjudicados quienes enfrentan un sistema de corrupción porque autoridades de los tres niveles de gobierno se han encargado de proteger, solapar, coludir y apoyar a “fuereños”, quienes de forma ilegal y con argucias se apropiaron de varios terrenos, hasta grandes empresas como Banca Mifel, cuyos ejecutivos, no conformes con adueñarse de una porción considerable de terreno, ahora pretenden demandar a los pobladores.
Pero como esta empresa, muchas otras pretenden arrebatarles los terrenos donde están sus hogares y espacios de cultivo, incluso les han propuesto el desplazamiento total del pueblo, por lo que estos procesos legales e ilegales han sido costosos para las familias que entre juicios y viajes a Toluca o a la Ciudad de México han gastado una fortuna, otras, han perdido por las autoridades y abogados de baja calaña que les han robado bastante.
Si bien, parcialmente han logrado defender sus tierras, no han podido evitar que poco a poco se incrusten en el territorio personas que han construido sus mansiones campestres, y aunque los pobladores y legales herederos decidieron dejarlos en donde ya construyeron, éstos ambiciosos quieren expandirse mucho más.
El problema se agrava porque a esas construcciones ilegales han desviado el agua de los manantiales apoyados por la Conagua, por los presidentes municipales de al menos cinco anteriores administraciones, autoridades agrarias y funcionarios estatales.
También han sido hostigados por elementos de la policía estatal, pues apenas hace dos años realizaron detenciones arbitrarias e ilegales, al llevarse a varios jóvenes y una señora, quienes mantuvieron presos e incomunicados por cuatro días, y aunque pagaron una fianza por 20 mil pesos cada uno, enfrentan un proceso en “libertad” y cada mes tienen que acudir a firmar a Toluca, siendo criminalizados y como medida de apremio para que el resto de los pobladores “se rinda”.
Sin embargo, los pobladores han señalado que no claudicarán en esta lucha ante los “fuereños ricos” que construyeron sus residencias campestres con pequeños lagos a donde desvían el agua que antes servía para las siembras, quienes además pretenden adueñarse del poblado La Laguna, donde se ubican los predios de El Capulín y El Pedregal, quienes el 21 de agosto del 2023 recibieron un fallo favorable relativo a la dotación de tierras en el juicio agrario 857/93 promovido por los pobladores desde el siglo pasado.
A pesar de ello, han padecido toda clase de abusos que incluye la deforestación ilegal en la zona boscosa, el robo descarado de su agua, la invasión, amenazas, hostigamiento que va desde el más sutil gesto hasta la presencia de hombres armados, además de la criminalización de sus habitantes al ser encarcelados, entre muchas otras acciones lesivas e ilegales que los han obligado a vivir por más de 60 años entre la zozobra, la incertidumbre y la injusticia.
Por décadas han sido ignorados por las autoridades y al menos tres generaciones de han destinado el dinero que llega a sus manos para mantener la defensa legal de su territorio, aunado al nulo apoyo e indiferencia de la actual presidenta municipal de Valle de Bravo, quien impuso una delegada a modo, sin embargo, esperan que al fin el gobierno federal y estatal intervengan en esta “guerra por el territorio” que ellos no iniciaron, pero es producto de la avaricia de varias personas.
Entre sus habitantes hay fuerza y confianza al haber logrado ese triunfo otorgado por la autoridad agraria, y aunque tienen en contra tienen a un grupo de personas pudientes e influyentes enfrente no están dispuestos a rendirse, sumado al proceso penal que enfrentan y que este 20 de junio sabrán si arrecian las acciones de defensa y protección de su patrimonio, pues conocerán el resultado de la causa de juicio 35/2024 dictada en el tribunal de Enjuiciamiento de Valle de Bravo, bajo la promoción 745/2025.
Sea cual sea el fallo, aseguraron que no un tema concluido porque las irregularidades institucionales se han acumulado con los años, pero con la fuerza y dinamismo de los jóvenes y la experiencia de sus abuelos, junto con el asesoramiento de organizaciones civiles y el acompañamiento de profesionales expertos en la defensa de derechos humanos, iniciarán varias demandas contra instancias, autoridades y personas que los han agraviado.
Si bien los pobladores del Pueblo de Santo Tomás no pierden el optimismo, la confianza en autoridades e instituciones está lesionada, pero esperan la intervención de la presidenta de la República y la gobernadora del Estado de México para alcanzar la tranquilidad y la certeza de su patrimonio, por el que han luchado por más de medio siglo, donde los integrantes más jóvenes del colectivo se dedican a recopilar la historia de los abusos constantes y sistemáticos de los que sido víctima sus habitantes.
