Por Mireya Álvarez
Integrantes de la Asociación Civil Lázaro Cárdenas se manifestaron con un plantón instalado frente al Palacio de Gobierno del Estado de México para denunciar una serie de agresiones, amenazas y actos de extorsión que aseguran han sufrido por parte de las organizaciones “Ernesto Che Guevara” y “Jorge Jiménez Cantú”, sin que hasta ahora exista respuesta o intervención efectiva por parte de las autoridades.
La protesta, encabezada por Elba Castaño García, representante de la asociación, se desarrolló de forma pacífica y con la advertencia clara de que, si no se atienden sus demandas en las mesas de diálogo prometidas, volverán a movilizarse en los próximos días.
Castaño García relató que los conflictos se remontan a más de dos décadas, entre 2003 y 2006, cuando, según su versión, una figura política vinculada a un gobierno panista local, a quien denominó como “la indestructible”, llegó al Ayuntamiento de Toluca y desde entonces, dijo, esta persona ha operado a través de grupos de choque para despojar a comerciantes de sus espacios, extorsionarlos e incluso agredirlos físicamente.
En 2015, aseguró, tanto ella como su familia fueron víctimas de amenazas y ataques físicos, escalando la situación en 2021, cuando presuntas células ligadas a estas organizaciones comenzaron a exigir pagos semanales de hasta 20 mil pesos, bajo amenaza de represalias si se negaban.
“Denunciamos, pero no hubo avances, en 2022 intentaron matar a uno de nuestros compañeros y, a la fecha, la Fiscalía sigue sin dar respuesta”, declaró.
La protesta también incluyó denuncias sobre presuntos abusos en San Blas Totoltepec, donde, según los manifestantes, representantes del Consorcio de Ingeniería Integral S.A. de C.V., en conjunto con la empresa Constructora ARA y administraciones de fraccionamientos, estarían exigiendo pagos indebidos por “derecho de piso”.
Una de las denuncias más fuertes señala que una mujer perdió su vivienda, hipotecada con el FOVISSSTE, tras negarse a pagar una suma de 30 mil pesos. “Solo por alzar la voz”, acusaron.
En este mismo sentido, relataron que en colonias como Misión 1, 2, 3 y Toscana 1, 2, 3, los vecinos también denuncian que a los menores se les niega el acceso a las escuelas si sus padres no proporcionan datos personales sensibles, lo que ha generado preocupación entre las familias ante el riesgo de posibles delitos como el secuestro.
“Lo único que pedimos es que nos respeten nuestros derechos. Si en las reuniones no hay respuestas, volveremos”, concluyó.
La asociación exigió que tanto el gobierno estatal como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México atiendan con seriedad las denuncias y garanticen la integridad de quienes se han visto afectados por estas situaciones.
De igual manera dejaron en claro que si bien en unas horas levantarán el plantón, pero que, si las mesas de trabajo con las autoridades no conducen a soluciones reales, regresarán a exigir justicia.
