Al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) voces involucradas en el proceso judicial aseguran que todavía no se ha dicho la última palabra.
Y advierten que la última batalla para intentar invalidar la elección judicial se dará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Después de todos los intentos de los ministros y ministras “rebeldes”, quienes buscaron por todos los medios descarrilar la reforma judicial y la elección del 1 de junio pasado, ahora tendrán su última oportunidad, a poco más de dos meses de terminar su cargo.
Como ya se sabe, los argumentos que esgrimieron los cinco consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral respecto a las graves irregularidades en todo el proceso de elección judicial son suficientes para cuestionar los resultados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TPJF), cuyas atribuciones alcanzan para que, en conjunto con la SCJN, declaren inválida la elección.
Los detalles que expusieron los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Martín Faz Mora, Claudia Zavala Pérez, Dania Ravel Cuevas y Jaime Rivera Velázquez tienen el carácter de graves, empezando por la coincidencia en alrededor de 80 % de los nombres que circularon en los llamados “acordeones electorales” con los de los aspirantes que finalmente resultaron vencedores.
A todo ello se agrega también que en más de 800 casillas se encontraron situaciones como votos totales para un solo candidato, la participación de hasta 100 % de la lista nominal, frecuencias de votación que superan los tiempos del proceso y boletas marcadas y contabilizadas que no fueron ingresadas siquiera a las urnas.
El asunto amerita un análisis a profundidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero ante lo consecuente que ha sido esta instancia en los tiempos de la 4T, con su presidenta Mónica Soto Fregoso y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe de Jesús Fuentes, lo más probable que los únicos con voluntad para declarar la nulidad de la elección sean los mismos ministros de la Corte que ya tienen listas las maletas para partir, en algunos casos, al extranjero.
Ante dichas circunstancias, según revelan las mismas fuentes informantes al interior de la Corte, la todavía presidenta del máximo órgano de justicia, Norma Piña Hernández, ya prepara sus maletas para establecerse en Canadá, una vez que se haga válida su renuncia el 31 de agosto; sin embargo, aseguran que antes de dar ese paso, todavía tiene frente a sí una nueva oportunidad de echar atrás la parte final de la reforma judicial, sobre todo porque ella es quien carga con la responsabilidad histórica de haber permitido avanzar el proyecto del expresidente AMLO.
Las decenas de impugnaciones e irregularidades de la elección judicial terminarán inevitablemente en la SCJN, sobre todo por la premura de la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, quien salió a defender, cual líder de partido, los comicios del 1 de junio y se apresuró a declarar la validez de la elección y a entregar las constancias de mayoría a los ganadores.
Las fuentes consultadas aseguran que vendrá otra histórica votación en la Corte, que requiere de seis votos para poner en jaque la elección judicial. La duda es por saber quiénes de los ministros disidentes se animarán a votar en contra de la resolución.
A juzgar por sus posturas en contra de la Reforma Judicial, los votos a favor de la invalidez de la elección podrían ser de Norma Piña Hernández, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek y Jorge Pardo Rebolledo. Margarita Ríos Farjat y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estarían en duda y esperarían a saber el sentido del voto de Alberto Pérez Dayán, considerado como el ministro “traidor” del grupo de opositores a la reforma.
Esas mismas voces adelantan que Alberto Pérez Dayán estaba listo para irse a Madrid como embajador de México en España, pero su nombramiento se ha retrasado precisamente por la posible impugnación de la elección judicial.
En el Gobierno Federal y en Morena necesitan asegurarse de que, así como fue útil en noviembre pasado para echar por tierra la invalidez de la elección de jueces por voto popular, ahora lo sea en caso de que los ministros disidentes intenten rebelarse de nuevo.
A esta batalla se sumarán las ministras que llegan a defender su constancia de mayoría, Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf; el resultado será de pronóstico reservado, aunque con altas posibilidades de victoria para el bando que defenderá la legitimidad de la elección, por contar con todos los recursos que tiene el Estado.
