Por Karina Libien
Eliminar la burocracia suena como una idea fantástica. ¿Quién no ha pasado horas en una fila interminable, soportando la amargura de las ventanillas que exigen actas de nacimiento, copias de la CURP y una foto tamaño infantil? Por eso, la propuesta de la nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos se vende como una oportunidad para modernizar el gobierno y hacernos la vida más fácil. Pero como suele ocurrir en las reformas, la letra pequeña tiene mucho que decir, y en este caso, podría ser mucho más grave de lo que parece.
Este plan no es algo nuevo, de hecho, la iniciativa fue enviada hace tiempo por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Bajo la premisa de hacer más eficientes los trámites públicos, el gobierno propone crear el Portal Ciudadano Único.
Esta plataforma sería el hogar de una nueva IAVE MX (Identidad y Autenticación en Vía Electrónica), un sistema que centralizará todos nuestros datos personales, desde información fiscal, de salud, hasta lo relativo a nuestra propiedad, movilidad, relaciones con dependencias y más.
Con un solo clic, el gobierno tendría acceso completo a un perfil digital de cada ciudadano, un concepto que algunos ya califican como un “plan de espionaje”.
El diputado Héctor Saúl Téllez, quien ha levantado la voz contra esta reforma, no tiene dudas: “esto pone en riesgo los datos personales de los ciudadanos” y “da facultades excesivas a la secretaría responsable”.
Esta secretaría sería la encargada de gestionar toda la información personal que ahora se centraliza en el nuevo portal.
Y aquí surge una cuestión fundamental: ¿quién se beneficia realmente de este tipo de centralización?.
A cargo de este ambicioso plan de digitalización están José Antonio Peña Merino, apodado por muchos como el líder del “Big Brother Mexicano”, y Raquel Buenrostro, dos perfiles técnicos, pero también profundamente ligados al poder político.
Peña Merino está al frente de la Agencia de Transformación Digital, mientras que Buenrostro dirige la Secretaría Anticorrupción. Con todo respeto, no es que no confiemos en sus capacidades, pero cuando el poder político pone sus manos sobre todo, la cuestión se vuelve mucho más sospechosa. Es crucial cuestionarse: ¿quién tendrá acceso a estos datos? ¿Será este el inicio de un control absoluto sobre la vida digital de los mexicanos?.
México no es ajeno a los escándalos de espionaje, filtraciones y el uso indebido de información.
Desde el caso de “Pegasus” hasta las filtraciones del gobierno anterior, la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de proteger nuestros datos es mínima. Y ahora, con la propuesta de esta plataforma única, se corre el riesgo de abrir una puerta peligrosa para el abuso de poder y la vigilancia digital de la ciudadanía.
No es que estemos en contra de la modernización, sino de un modelo que parece más enfocado en controlar que en facilitar la vida de los ciudadanos. ¿Realmente necesitamos tener nuestros datos bajo el control de un gobierno que, en ocasiones, ha demostrado que no sabe cómo proteger esa información?.
Eliminar trámites, sí, pero no al precio de nuestra libertad digital.
El Estado debe ser transparente, no intrusivo.
Los ciudadanos no necesitamos más control, necesitamos más seguridad, más transparencia, más confianza en que nuestras vidas no serán monitoreadas por un sistema digital que, lejos de protegernos, podría convertirse en un monopolio de la vigilancia.
Al final, la pregunta no es si esta ley eliminará la burocracia, sino si eliminará la privacidad.
En un país con antecedentes de vigilancia política, espionaje ilegal y filtraciones de información, la cuestión que debe plantearse es: ¿estamos dispuestos a entregar aún más control de nuestras vidas digitales a un gobierno que aún no ha demostrado saber protegernos de los riesgos de la era digital?
