Adriana Marín, encargada de Comunicación Digital del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, afirmó en un debate juvenil que uno de los factores que dificulta combatir al narcotráfico es que es uno de “los principales empleadores a nivel nacional”, lo que desató diversos deslindes de agrupaciones de militantes.
La declaración, realizada en noviembre pasado en el programa Razonados, de La Razón de México, provocó diversos pronunciamientos oficiales de la bancada capitalina y del partido Morena, que se deslindaron de sus expresiones.
El señalamiento adquirió relevancia pública luego de que fragmentos del debate circularan en redes sociales, donde fue interpretado como una posible admisión de los límites del Estado para enfrentar al crimen organizado.
El intercambio se originó cuando uno de los participantes afirmó que su postura no respondía a una confusión ideológica, sino a una exigencia de seguridad directa al Estado.
En respuesta, Adriana Marín cuestionó el planteamiento y pidió precisar de qué manera se estaba exigiendo la paz, lo que el interlocutor respondió que la exigencia hacia el gobierno federal —de extracción morenista— era concreta para “que se acabe el pacto con el narco, nada más”.
Ante ello, Marín expuso el argumento que detonó la polémica, al señalar que el narcotráfico es un fenómeno complejo y sostuvo que su erradicación no puede entenderse sin considerar sus condiciones estructurales.
El narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional, reclutan alrededor de 160 mil a 185 mil personas, y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para justamente cubrir las personas que son detenidas o asesinadas.
Su planteamiento fue inmediatamente cuestionado por otro participante, quien le preguntó si “¿entonces que siga el crimen organizado porque el gobierno no les puede dar empleos?”.
El intercambio se originó cuando uno de los participantes afirmó que su postura no respondía a una confusión ideológica, sino a una exigencia de seguridad directa al Estado.
En respuesta, Adriana Marín cuestionó el planteamiento y pidió precisar de qué manera se estaba exigiendo la paz, lo que el interlocutor respondió que la exigencia hacia el gobierno federal —de extracción morenista— era concreta para “que se acabe el pacto con el narco, nada más”.
Ante ello, Marín expuso el argumento que detonó la polémica, al señalar que el narcotráfico es un fenómeno complejo y sostuvo que su erradicación no puede entenderse sin considerar sus condiciones estructurales.
El narcotráfico es uno de los mayores, de los principales empleadores a nivel nacional, reclutan alrededor de 160 mil a 185 mil personas, y en realidad se necesitan 350 personas más a la semana para justamente cubrir las personas que son detenidas o asesinadas.
Su planteamiento fue inmediatamente cuestionado por otro participante, quien le preguntó si “¿entonces que siga el crimen organizado porque el gobierno no les puede dar empleos?”.
