* Prerrogativas récord; reforma electoral cuestionada……
Por Karina A. Rocha Priego
Desde 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia impulsado por Morena con la promesa de instaurar una austeridad republicana y erradicar los privilegios de la clase política, el discurso oficial se centró en terminar con los excesos del pasado, sin embargo, a casi una década de distancia las cifras muestran una realidad que contrasta con aquella narrativa fundacional, Morena se ha convertido en el partido más costoso del país, financiado con recursos públicos que crecen año con año mientras persisten carencias estructurales en amplios sectores sociales.
Entre 2018 y 2026, Morena ha recibido más de 18 mil 348 millones 921 mil 28 pesos en prerrogativas, casi 30 por ciento del total entregado a todos los partidos políticos nacionales en ese periodo, el incremento es notable si se considera que en 2018 obtuvo 649 millones y para 2026 superará los 2 mil 718 millones, un aumento de 318 por ciento que desdibuja la narrativa de contención del gasto.
El discurso de austeridad frente a los números
Morena nació como movimiento crítico del sistema de partidos tradicional, cuestionó el alto costo de la política y prometió reducir el financiamiento público que, según su diagnóstico, beneficiaba a élites alejadas de la ciudadanía; no obstante, ya en el poder no impulsó una reforma estructural al modelo administrado por el Instituto Nacional Electoral, por el contrario, se convirtió en su principal beneficiario.
El financiamiento público a partidos está establecido en la Constitución y se distribuye conforme a la votación obtenida, es un mecanismo diseñado para evitar la dependencia de intereses privados y fortalecer la equidad en la competencia, pero el debate político no se agota en la legalidad, la congruencia exige que quien cuestionó durante años el costo del sistema plantee cambios de fondo y no sólo administre el esquema heredado.
De 2018 a la fecha, los partidos han recibido más de 61 mil 553 millones de pesos, un promedio anual de 6 mil 839 millones, cifra que, en un país con rezagos en infraestructura hospitalaria, déficit de medicamentos y escuelas con carencias básicas, resulta inevitablemente polémica.
Comparaciones que evidencian prioridades
Los más de 61 mil millones de pesos destinados a partidos equivalen a 70 veces el presupuesto asignado en 2026 a la Comisión Nacional de Búsqueda, organismo que enfrenta la tarea de atender una crisis de desapariciones que lastima a miles de familias, también representan 33 veces el presupuesto anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta cuatro veces el presupuesto de la Secretaría de Cultura.
Con esa misma bolsa se podrían financiar 13 años completos del programa nacional de vacunación o cubrir el salario mensual promedio de millones de maestros y enfermeras, las cifras no son comparaciones retóricas, sino ejercicios que muestran la dimensión del gasto partidista frente a necesidades sociales urgentes.
Si bien PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, Partido Verde y Partido del Trabajo también han recibido miles de millones en el mismo periodo, el liderazgo de Morena destaca no sólo por el monto, sino por la contradicción entre su origen como fuerza antisistema y su consolidación como el mayor receptor de recursos públicos.
Reforma electoral y el nuevo giro discursivo
En este contexto emerge la propuesta de reforma electoral impulsada por Claudia Sheinbaum, quien plantea reducir en 25 por ciento el financiamiento público al INE, a los institutos locales, a los tribunales electorales y a los partidos políticos, con el argumento de que esos recursos son excesivos y deben reorientarse a otras áreas prioritarias.
Para 2026, el INE tiene aprobado un presupuesto de 14 mil 99 millones de pesos y los seis partidos nacionales recibirán 7 mil 368 millones, cifras que ahora son señaladas como onerosas; sin embargo, durante los últimos años Morena fue el principal beneficiario del esquema vigente, lo que abre un debate sobre la oportunidad y la coherencia de la propuesta.
La reducción planteada puede interpretarse como un ajuste necesario en tiempos de restricción presupuestal, pero también como una medida que llega después de que el partido gobernante consolidó su estructura territorial y su hegemonía política bajo el modelo actual, la austeridad, en este sentido, parece selectiva y diferida.
La eliminación del PREP y la confianza electoral
Uno de los puntos más controvertidos de la iniciativa es la desaparición del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), con el argumento de que los cómputos oficiales iniciarían el mismo domingo de la elección y no el miércoles siguiente, el PREP ha sido una herramienta que ofrece información en tiempo real y ha contribuido a la transparencia y a la certeza de los procesos.
Eliminarlo bajo la premisa de simplificación administrativa genera suspicacias, en un país donde la confianza en las instituciones electorales ha sido fruto de décadas de construcción, cualquier cambio que afecte mecanismos de transparencia debe analizarse con rigor y amplitud de consenso.
La reforma también contempla facilitar el voto de mexicanos en el extranjero, regular el uso de inteligencia artificial (IA) en campañas, prohibir bots y reducir tiempos oficiales en radio y televisión, medidas que pueden ser vistas como modernizadoras, pero que quedan opacadas por el debate central sobre financiamiento y reglas de competencia.
¿Transformación real o continuidad estratégica?
La llamada Cuarta Transformación prometió una ruptura histórica con el pasado, sin embargo, en materia de financiamiento partidista la continuidad ha sido evidente, Morena no sólo operó dentro del modelo que criticó, sino que lo capitalizó en su beneficio, ahora propone reducirlo cuando ya ocupa la posición dominante.
En un país con profundas desigualdades y demandas sociales insatisfechas, sostener un sistema de financiamiento partidista de tal magnitud exige transparencia, rendición de cuentas y una reforma coherente que no responda a cálculos coyunturales, mientras ello no ocurra, las cifras seguirán alimentando la percepción de que la austeridad proclamada desde el poder no aplica cuando se trata del propio partido gobernante.
La discusión no es exclusiva de un partido, el costo de la democracia mexicana merece una revisión integral, pero la responsabilidad política recae con mayor peso en quien gobierna y promueve cambios estructurales, la congruencia entre discurso y práctica se convierte en el eje de evaluación.
