* Actualización de la UMA eleva sanciones sin mejorar seguridad vial……
Por Edith Romero
A partir de febrero de 2026, los automovilistas del Estado de México enfrentarán un nuevo golpe al bolsillo, con el incremento de las multas de tránsito derivado de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor diario quedó establecido en 117.31 pesos.
Bajo el argumento de “fortalecer la seguridad vial”, el gobierno estatal endureció sanciones económicas que, en varios casos, superan los dos mil pesos, en un contexto donde los ingresos de las familias no crecen al mismo ritmo que las obligaciones impuestas por la autoridad.
La medida ha generado críticas porque, más allá del discurso preventivo, vuelve a colocar la carga financiera sobre los ciudadanos, sin que exista una mejora visible en la infraestructura vial, la señalización o la profesionalización de los cuerpos de tránsito; para miles de conductores mexiquenses, el aumento de las multas representa una política recaudatoria disfrazada de estrategia de seguridad.
Uno de los incrementos más severos corresponde al uso del teléfono celular mientras se conduce, infracción que, efectivamente representa un riesgo y será castigada con sanciones que van de 16 a 20 UMAs, lo que equivale a multas de entre mil 876 y dos mil 346 pesos.
El monto resulta desproporcionado para amplios sectores de la población, especialmente para quienes dependen del automóvil como herramienta de trabajo y perciben ingresos diarios limitados.
El mismo rango de sanciones se aplicará a otras faltas como conducir sin licencia, circular con placas vencidas, invadir carriles confinados del transporte público o transitar sobre ciclovías y, si bien se trata de conductas que deben sancionarse, la autoridad vuelve a apostar por el castigo económico sin acompañarlo de campañas efectivas de regularización, educación vial o facilidades administrativas que permitan cumplir con la norma sin caer en trámites costosos y engorrosos.
El estacionamiento indebido tampoco queda fuera del endurecimiento, bloquear rampas para personas con discapacidad, obstruir accesos vehiculares o estacionarse en zonas prohibidas, implicará multas que alcanzan los mismos montos superiores a los dos mil pesos y, en municipios donde la falta de espacios de estacionamiento es crónica y la planeación urbana es deficiente, estas sanciones terminan penalizando problemas estructurales que el propio gobierno no ha resuelto.
Aunque las multas por exceso de velocidad son menores en comparación con otras infracciones, también registraron aumentos relevantes pues las sanciones van de 10 a 15 UMAs, es decir, entre mil 173 y casi mil 760 pesos. Nuevamente, el énfasis está en la sanción y no en la prevención, pese a que en muchas vialidades los límites de velocidad son poco claros o la señalización es inexistente.
Autoridades estatales insisten en que el incremento de las multas busca reducir accidentes y salvar vidas, sin embargo, especialistas y ciudadanos cuestionan la efectividad de una estrategia basada exclusivamente en castigos económicos.
La percepción generalizada es que el sistema de tránsito sigue siendo opaco, discrecional y vulnerable a abusos, donde el aumento de montos no necesariamente se traduce en mayor seguridad.
En un escenario de inflación persistente, alza en la canasta básica y estancamiento salarial, el encarecimiento de las multas de tránsito profundiza el malestar social. Para muchos mexiquenses, cumplir la ley se ha vuelto cada vez más caro, mientras la promesa de calles seguras, movilidad eficiente y autoridades confiables sigue sin materializarse.
