Por Karina Rocha
Una vez más, el gobierno mexicano ha enviado a Estados Unidos una “tanda” de narcotraficantes, como si con ello pudiera cumplir simbólicamente con su parte en la lucha binacional contra el crimen organizado, sin embargo, lo que el gobierno estadounidense realmente exige no son solamente operadores del narco, sino a los auténticos arquitectos del poder criminal en México: los narcopolíticos.
Y aquí es donde todo se traba, porque lo que está en juego no es la detención de un cártel más o menos violento, sino el desmantelamiento de una red mucho más profunda y peligrosa: la de los políticos corruptos que operan desde el interior del Estado mexicano, muchos de los cuales, irónicamente, hoy visten los colores de Morena.
Los vínculos entre crimen organizado y clase política no son novedad, pero el cinismo con el que se protegen en este sexenio alcanza niveles preocupantes, el retraso en la entrega de estos personajes no es burocrático ni técnico: es político.
La cúpula gobernante sabe que poner en manos de la justicia estadounidense a estos narcopolíticos sería dinamitar las bases mismas del poder actual, sería, en pocas palabras, entregar al propio régimen en una charola de plata.
¿Quién se atrevería a poner en riesgo la estabilidad de un gobierno que, para muchos, ha sido tolerante -cuando no cómplice- con estructuras criminales en regiones enteras del país? ¿Quién asumiría el costo político de aceptar ante la comunidad internacional que altos funcionarios mexicanos han sido parte activa de redes de narcotráfico?.
La estrategia, entonces, es clara: seguir entregando piezas menores, mientras se protegen -con pactos de silencio o impunidad- a los verdaderos capos con fuero y ésta simulación no solo daña la relación México-Estados Unidos, sino que perpetúa el sufrimiento de miles de ciudadanos que viven atrapados entre el crimen organizado y un Estado capturado.
Si el gobierno mexicano realmente quiere recuperar su legitimidad y demostrar que no es rehén de los narcopolíticos, deberá empezar por dejar de proteger a sus propios miembros. De lo contrario, la narrativa del “cambio” y la “transformación” no será más que eso: propaganda vacía sostenida por la impunidad.
