Para evitar un escenario de violencia similar al de los comicios de 2024, especialistas recomiendan implementar un enfoque de seguridad hiperfocalizado, que proteja a candidaturas vulnerables, priorice regiones de alto riesgo y emplee fuerzas de seguridad para menor infiltración del crimen organizado.
Puntualizan que esta labor de precisión es fundamental, porque la violencia político-criminal es un mecanismo frecuente utilizado por grupos de poder para influir en procesos electorales locales.
Este panorama es preocupante, ya que las elecciones de 2024 fueron catalogadas como las más violentas de la historia reciente de México, con más de 550 víctimas, según datos de Data Cívica y México Evalúa.
La organización advirtió que el crimen organizado podría buscar intervenir en estos comicios para consolidar su control territorial y político. Este riesgo es especialmente relevante porque será la primera vez en la historia del país que se celebren elecciones para diversos cargos dentro del Poder Judicial Federal, con más de 4 mil candidaturas en juego.
La falta de intervención efectiva por parte de las autoridades responsables de la seguridad, podría convertir estas elecciones en un nuevo episodio de violencia e impunidad, precisa México Evalúa.
La única manera de evitar la intromisión criminal en las elecciones es transformar profundamente el Estado de derecho, enfatiza la agrupación de análisis.
Para ello, es necesario fortalecer las instituciones políticas, mejorar la efectividad de los cuerpos de seguridad y garantizar un sistema de justicia sólido, indica en un estudio que realizó en torno a las elecciones de jueces, magistrados y ministros el próximo 1 de junio.
En la medida que se acerca la jornada electoral judicial -faltan poco más de dos meses para su celebración-, la comunidad internacional y las autoridades nacionales han puesto especial atención en el desarrollo del proceso.
La integridad de estas votaciones será clave para la consolidación democrática y el fortalecimiento del Estado de derecho en México, de acuerdo con observadores y expertos, tanto nacionales como extranjeros.
Cabe señalar que la agrupación ya había advertido que al menos ocho estados del país presentan altos niveles de riesgo de violencia político-criminal.
El análisis pone especial énfasis en el hecho de que el crimen organizado podría intentar influir en estos comicios, lo que genera preocupación sobre la seguridad de candidaturas y votantes.
El informe señala que Baja California enfrenta un “riesgo muy alto” de violencia, mientras que Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima están en la categoría de “riesgo alto”. Además, otras siete entidades, entre ellas Sonora, Nayarit y Ciudad de México, fueron clasificadas con “riesgo medio”.
En contraste, Coahuila, Durango, Aguascalientes y Yucatán muestran un “riesgo bajo” en el proceso electoral.
