Por Edith Romero Nava
El diputado Gerardo Pliego Santana, integrantes del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México que establece penas de 10 a 20 años de prisión para quienes realicen actividades relacionadas con el maíz genéticamente modificado sin la debida autorización, la propuesta incluye multas que oscilarían entre mil y mil quinientos días de salario.
El legislador argumentó que esta modificación busca fortalecer la capacidad del Estado para resguardar su patrimonio biológico, cultural y alimentario, pues la propuesta se enmarca en la necesidad de dotar al marco jurídico de herramientas punitivas acordes con la gravedad de los posibles daños que la siembra de maíz transgénico puede causar.
Aseguró que no solo se busca cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho a un medio ambiente sano, sino también responder a las obligaciones internacionales asumidas por México en materia de biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas.
Agregó que defender el maíz nativo es defender la vida porque no solo se trata de preservar una especie vegetal sino de salvaguardar la salud pública, la biodiversidad, el equilibrio ecológico, la economía campesina, la identidad cultural y los derechos humanos de las presentes y futuras generaciones, por lo que ignorar esta amenaza implicaría permitir un daño profundo e irreparable que no solo afectaría al campo mexiquense, sino también al bienestar colectivo de toda la población.
Recordó que la iniciativa, surge tras un foro celebrado en julio, donde se escucharon las voces de integrantes del Movimiento por la Defensa del Maíz del Estado de México, a quienes Pliego Santana expresó su agradecimiento por la activa participación de estos grupos, señalando que sus aportaciones fueron cruciales para la elaboración de la propuesta.
“Esta colaboración entre la sociedad civil y sus representantes muestra que, trabajando juntos, es posible avanzar hacia soluciones sustentables que honren nuestras raíces”, agregó.
Además, el legislador hizo hincapié en la importancia de actuar en favor del territorio, la salud y la justicia social.
Mencionó que diversas instituciones académicas y científicas han alertado sobre los riesgos asociados a la siembra de maíz transgénico, tanto para el ecosistema como para la salud humana y animal, por ello, esta iniciativa, busca establecer un marco normativo robusto que permita a la población proteger uno de los recursos más valiosos del Estado: el maíz nativo, emblema de la cultura y la agricultura mexicana.
“Hoy tenemos no solo la oportunidad, sino la responsabilidad de proteger nuestro patrimonio genético y fortalecer la soberanía alimentaria. Esto no es únicamente simbólico; es una decisión concreta que puede posicionar al Estado de México como un referente nacional en la defensa del maíz nativo”, concluyó.
