El Frente Estatal “”No al Tarifazo Estado de México” ” interpuso un Amparo ante la Justicia Federal en contra del aumento a las tarifas del transporte público concesionado en la entidad mexiquense, al considerar que dicha medida vulnera diversos derechos humanos de la ciudadanía, entre ellos el derecho a la movilidad, la seguridad jurídica y el mínimo vital.
Al mediodía de este martes los activistas acudieron a la sede del Poder Judicial de la Federación ubicada en la calle Doctor Nicolás San Juan 104, al norte de Toluca, para presentar el recurso legal en contra del decreto emitido por el Secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Andrés Sibaja González, publicado en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno el pasado 10 de octubre y que entró en vigor el 15 del mismo mes, con el cual se autoriza el incremento de tarifas para el transporte público en sus modalidades de colectivo y mixto.
De acuerdo con Dante Álvarez, integrante del Colectivo No al Tarifazo, la medida carece de transparencia y de sustento técnico, además de haberse decretado sin consulta pública ni justificación económica accesible, lo que viola el principio de participación ciudadana en decisiones que afectan de manera directa la economía familiar y la calidad de vida de millones de mexiquenses que dependen del transporte público para trasladarse a su trabajo o escuela.
El activista afirmó que este Amparo es el tercero que se presenta contra el “tarifazo” en la entidad y que el movimiento ha contado con el acompañamiento de la organización MIGALA Edomex, que ha brindado asesoría jurídica en el proceso, señaló que pese a la exigencia social, las autoridades no han hecho público el estudio tarifario del Instituto del Transporte ni el supuesto análisis técnico que habría elaborado el Instituto Politécnico Nacional, lo cual genera sospechas sobre la legalidad del incremento.
Álvarez advirtió que la lucha no se limita al terreno jurídico, pues en los próximos días se realizarán movilizaciones en diversos municipios para exigir la revocación del aumento, el cual calificó como injusto y desproporcionado, dijo que no se puede hablar de un servicio de calidad cuando las unidades siguen en malas condiciones, los tiempos de traslado son excesivos y la seguridad de los usuarios es cada vez más precaria, reiteró que la ciudadanía no permanecerá pasiva ante una decisión que considera arbitraria y contraria al interés público.
