Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), no dudó en reconocer que los resultados que arroja la citada dependencia durante estos primeros cinco años, no son los que se esperan de parte de la ciudadanía.
Dichas apreciaciones reafirman las críticas y los cuestionamientos que se hacen alrededor de la institución, que está muy lejos de consolidarse como eficiente y confiable.
Aun así, la titular Pérez Morales tiene esperanza en las propuestas para reformar toda la política en la materia impulsada por legisladores de Morena.
Vale recordar que el Comité de Participación Ciudadana del SNA se concibió como el corazón anticorrupción del entramado institucional y ahora quedará en vilo con el fin del mandato de Pérez Morales, quien lamenta que no se ha logrado mucho.
“No tenemos una política de Estado anticorrupción, no hemos dado resultados a la ciudadanía”, afirma la todavía presidenta del CPC y del SNA, quien, desde hace más de 15 años está dedicada a temas anticorrupción, primero en el Observatorio Nacional Ciudadano y luego como coordinadora del Programa de Integridad y Fortalecimiento de la Transparencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La funcionaria señala que durante estos años se avanzó en un protocolo para proteger a denunciantes, una política de integridad empresarial, se trabajó mucho con sociedad civil, el sector privado y autoridades de los estados que sí quieren hacer las cosas, pero dice que hay “una especie de sentimiento decepción, por lo que no se hizo”.
Por otra parte, también enumera algunos de los motivos por los que terminará su periodo que inició en 2021 desmotivada: “En México no se respeta la Constitución que obliga a impulsar una sola estrategia anticorrupción; se incumplen obligaciones hasta de asistir a reuniones clave e integrantes del SNA están señalados de irregularidades”, advierte de manera tajante.
“Hay mucha frustración, a mí me hubiera gustado que estuviéramos al nivel de otros países”, reconoce.
Hay que destacar igual que, en la más reciente edición del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional (TI), México se ubicó en la posición 140 de 180 países evaluados con una calificación de 26 puntos de 100 posibles, la más baja en todos los años dentro del ranking.
De acuerdo con Transparencia Mexicana, algunos factores de esa calificación son la impunidad en casos como Odebrecht, Pemex Agronitrogenados, la Estafa Maestra y Segalmex, así como las escasas sanciones por las denuncias presentadas.
En ese sentido, Vania Pérez recuerda que recientemente fue la revisión de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y muchas naciones reportaron avances: mejores niveles de integridad, recuperación de dinero, protección de víctimas y cómo han desmantelado redes de macrocriminalidad y de corrupción, pero en México no hubo mucho que presumir.
“Somos el único país de la región que fue víctima en el escándalo de corrupción de Odebrecht y no hay una sentencia en firme por ese caso”, destaca de manera decepcionante.
El Sistema Nacional Anticorrupción formalmente comenzó a operar hace casi ocho años y está compuesto por seis instituciones, pues el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), que también formaba parte del entramado, desapareció.
Finalmente, hay que recordar que el andamiaje nacido de una reforma en 2015 contempla como integrantes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), Auditoría Superior de la Federación (ASF), Tribunal de Disciplina Judicial, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana.
