* Las detenciones tras el altercado en la Casa del Estudiante de la UAEMéx evidencian omisiones institucionales, al ser tratadas solo como faltas administrativas, pese a la gravedad del contexto y la exigencia estudiantil de justicia y seguridad……
Por Mary González
Las recientes detenciones de personas presuntamente involucradas en un altercado en la Casa del Estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), antes conocida como Rectoría, han sido tratadas con una tibieza institucional que deja más dudas que certezas.
De acuerdo con el presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, los detenidos fueron llevados únicamente al juzgado cívico por alteración al orden público, y no se inició ningún procedimiento penal, pese a la gravedad simbólica y política de los hechos.
Lo que debería ser un punto de inflexión en la atención al conflicto universitario -que lleva ya semanas sin solución- ha sido reducido a una falta administrativa. La explicación oficial es que no existía una denuncia penal formal y que los hechos ocurrieron en el exterior del inmueble, por lo que el caso no fue turnado al Ministerio Público.
Sin embargo, esta respuesta resulta alarmantemente laxa si se considera que el inmueble está bajo resguardo estudiantil en el contexto de un movimiento que exige justicia, transparencia y seguridad dentro de la UAEMéx.
Más aún, el propio municipio reconoce que no fue la policía quien realizó las detenciones, sino los mismos integrantes del movimiento estudiantil quienes entregaron a las personas a las autoridades.
Esta situación evidencia una ausencia total de acción institucional que, lejos de proteger a la comunidad universitaria, traslada toda la responsabilidad a los estudiantes, que han debido autogestionar su propia seguridad.
La respuesta oficial también intenta justificarse en el argumento de no entorpecer los canales de diálogo con los jóvenes, por lo que el alcalde de Toluca, declaró que los rondines y la presencia policial se han reducido por solicitud del colectivo estudiantil.
Pero una cosa es respetar la autonomía del movimiento, y otra muy distinta es abdicar de la obligación de garantizar condiciones mínimas de seguridad, tanto para los estudiantes como para la ciudadanía que transita cerca del edificio.
Esta postura ambigua deja entrever una falta de coordinación clara entre los distintos niveles de gobierno e instituciones involucradas, mientras los estudiantes insisten en que las autoridades universitarias han actuado con opacidad y negligencia ante denuncias de acoso y violencia, el gobierno municipal se deslinda ante la ausencia de una “denuncia formal”.
Esto, en sí mismo, representa un retroceso en el reconocimiento de las dinámicas sociales que rodean los movimientos estudiantiles, y en la aplicación de protocolos con perspectiva de derechos humanos.
Si bien es comprensible que no se quiera escalar el conflicto con una presencia policial hostil, también es cierto que la inacción frente a actos de provocación o violencia puede traducirse en complicidad tácita.
¿Qué garantías tienen las y los estudiantes que hoy mantienen la toma de la Casa del Estudiante, si ante una irrupción no se inicia una investigación más allá de una multa o unas horas de arresto?.
Es necesario cuestionar si este tipo de omisiones no están abonando a una narrativa que normaliza el desorden bajo el pretexto de mantener la “gobernabilidad” o evitar el “uso de la fuerza”.
No se trata de criminalizar la protesta, pero tampoco de dejar vacíos que puedan ser aprovechados por actores ajenos a las causas legítimas del movimiento.
El conflicto en la UAEMéx exige más que gestos simbólicos o posturas diplomáticas, requiere respuestas institucionales claras, coherentes y comprometidas con el respeto a los derechos de las víctimas, el esclarecimiento de las denuncias y la protección real de quienes ejercen su derecho a la protesta pues, minimizar los hechos o tratarlos como simples alteraciones del orden cívico no sólo desacredita el movimiento, sino que pone en riesgo su legitimidad y seguridad.
