* Pide proteger a quienes buscan a sus desaparecidos……
Por Mireya Álvarez
El reciente asesinato de Roberto Hernández, un padre buscador que llevaba casi un año intentando dar con el paradero de su hijo desaparecido, ha encendido las alertas a nivel internacional. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió este martes un pronunciamiento urgente en el que demanda una investigación exhaustiva, objetiva y con perspectiva de derechos humanos para esclarecer el crimen ocurrido el pasado 11 de agosto.
Hernández, quien desde septiembre de 2024 emprendió la búsqueda de su hijo Johan Alain Hernández Vázquez, fue asesinado a plena luz del día frente a su domicilio en Ixtapaluca. Según los primeros reportes, sujetos armados lo interceptaron y dispararon en su contra, dándose a la fuga de inmediato. El ataque se perpetró pese a que la víctima ya había denunciado amenazas relacionadas con su labor de búsqueda.
El caso ha generado indignación y preocupación en sectores nacionales e internacionales. Para la ONU-DH, este hecho pone en evidencia la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de personas buscadoras en México, quienes, ante la inacción institucional, se ven obligadas a convertirse en investigadoras por cuenta propia.
“La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresa su profunda preocupación por el asesinato de Roberto Hernández, padre buscador. Es indispensable que las autoridades consideren todas las líneas de investigación, incluida su labor en defensa de los derechos humanos”, expresó el organismo mediante sus redes sociales oficiales.
El crimen fue mencionado brevemente por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en donde indicó que la Fiscalía del Estado de México ya se encontraba investigando el caso. Sin embargo, el pronunciamiento fue considerado insuficiente por colectivos de familiares y defensores, quienes señalan que no basta con abrir carpetas de investigación sin garantizar verdad, justicia ni garantías de no repetición.
De acuerdo con cifras de colectivos, más de 100 mil personas continúan desaparecidas en México, y la búsqueda, frecuentemente iniciada por madres, padres, hermanas o esposas, se ha vuelto una labor cotidiana y peligrosa. Son precisamente estas personas quienes se enfrentan a riesgos extremos por realizar tareas que deberían ser responsabilidad del Estado: localizar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia.
Organizaciones como la ONU-DH han insistido en que las personas buscadoras deben ser reconocidas como defensoras de derechos humanos y, por lo tanto, contar con medidas de protección efectivas por parte de las autoridades.
En el caso de Roberto Hernández, la exigencia internacional es clara: “el Estado mexicano debe actuar con diligencia, atender el contexto del crimen y garantizar que su asesinato no quede impune”.
La historia de Roberto no es aislada. Representa una de tantas que reflejan el dolor de miles de familias mexicanas y también su resistencia. A medida que los riesgos aumentan, los pronunciamientos de organismos internacionales se vuelven más frecuentes, recordándole al gobierno mexicano que la búsqueda de justicia no admite indiferencia ni demoras.
