Por Mireya Álvarez
Organizaciones de la sociedad civil y padres de familia del Estado de México denunciaron una serie de iniciativas legislativas que buscan modificar varias leyes y códigos administrativos en la entidad, a través de las cuales, según sus denuncias, se atentaría contra tres derechos fundamentales: el derecho a la vida, el derecho a la objeción de conciencia y el derecho a una educación libre de ideología.
La controversia surge en el marco de un paquete legislativo propuesto en el Congreso del Estado de México que incluye reformas a la Ley de Educación, la Ley de Asistencia Social, la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el Código Administrativo y el Código Civil del Estado. Según los opositores, estas reformas, que califican como “leyes veneno”, introducirían contenidos de ideología de género y sexualidad temprana en la educación, además de que vulnerarían la libertad de los médicos para actuar según sus principios éticos y religiosos.
En conferencia de prensa, Rodrigo Iván Cortés, presidente Nacional del Frente Nacional por la Familia, expresó su profunda preocupación por el avance de estas reformas, comparando la situación del Estado de México con la de Michoacán, donde la violencia y la inseguridad afectan gravemente a la población. “Estamos consternados como padres de familia, como ciudadanos, porque el gobierno y su bancada en el Estado de México, en lugar de ocuparse de los graves problemas como la violencia o la falta de agua potable en las escuelas, se enfocan en imponer leyes ideológicas que solo crean más confusión y división”, señaló.
Uno de los puntos más controversiales en las reformas legislativas es la propuesta de educación sexual integral desde la infancia, en particular la iniciativa promovida por la diputada local de Morena Zaira Cedillo Silva. En su propuesta, se enfatiza el consentimiento sexual y la planificación familiar desde etapas tempranas, así como el acceso de niños y adolescentes a métodos anticonceptivos y servicios de aborto sin una intervención clara de los padres o tutores.
“Con estas reformas, se abren las puertas a la sexualización precoz de los niños y adolescentes, además de que se les deja sin el acompañamiento fundamental de los padres en temas tan delicados como la sexualidad y la salud reproductiva”, afirmó Rosa Mary Morales, líder de Expo Vida y Familia.
“Nos están dejando fuera de la educación de nuestros hijos. No estamos en contra de la educación sexual, pero sí de que se promueva una visión ideológica que normaliza la confusión de género sin consultar a los padres o expertos en la materia”, añadió.
La “Guía de orientaciones generales para la prevención de la violencia y discriminación hacia la población LGBTTTQI+ en el ámbito educativo del Estado de México 2025” también fue mencionada como un ejemplo de la ideologización que se pretende imponer en las escuelas. “Las escuelas están siendo convertidas en centros de ideologización. Se está promoviendo una agenda que no tiene que ver con la educación de calidad, sino con imponer una visión política que confunde la identidad de los menores”, aseguró Esther Cejudo, presidenta de la organización Con Participación del Estado de México.
Otro aspecto central del paquete legislativo es la reforma al Código Administrativo de la entidad que, según los críticos, anula el derecho de los médicos a la objeción de conciencia. Este derecho es clave para quienes, por razones éticas, religiosas o filosóficas, se oponen a realizar procedimientos como el aborto.
“El artículo 2.47 Quáter de esta reforma aparenta reconocer la objeción de conciencia, pero en la práctica la anula al imponer excepciones vagas como riesgo vital, dolor, o falta de personal. Esto deja sin margen de actuación a los profesionales de la salud que se oponen a la eliminación de la vida humana en su primera etapa”, destacó Rodrigo Iván Cortés.
El presidente del Frente Nacional por la Familia subrayó que las reformas no solo van en contra de los derechos de los médicos, sino que también violan el juramento hipocrático, que desde hace más de 2.500 años promueve el principio de “no hacer daño”. Además, las nuevas disposiciones obligarían a los médicos a remitir a los pacientes para la realización de abortos si no hubiera un médico que aceptara realizar el procedimiento, lo que consideraron una violación directa a la libertad de conciencia.
El aspecto más polémico de las reformas, según los activistas, es la institucionalización del aborto con recursos públicos. La nueva legislación obligaría al sistema estatal de salud a proporcionar atención médica gratuita para realizar abortos, sin permitir la objeción de conciencia por parte del personal médico.
“Lo que están proponiendo es usar recursos públicos que deberían destinarse a salvar vidas para eliminar vidas humanas en nombre de un derecho que no existe en nuestra Constitución. Este es un retroceso civilizatorio…El sistema de salud en el Estado de México no tiene la infraestructura necesaria para atender las necesidades básicas de salud de la población, y mucho menos para realizar abortos de manera segura”, agregó Ángeles Bravo, directora estatal del Frente Nacional por la Familia en el Estado de México.
Según un estudio reciente, la entidad mexiquense se encuentra entre los primeros siete estados con más muertes maternas, lo que refuerza la denuncia de que el sistema de salud no está capacitado ni preparado para brindar atención de calidad a las mujeres que realmente lo necesitan.
La creciente preocupación por la aprobación de estas reformas ha llevado a diversas organizaciones a convocar a la ciudadanía a movilizarse y exigir la eliminación de estas iniciativas. Luis Barrera, representante de la organización Actívate, anunció el lanzamiento de la campaña “Elige acompañar, no eliminar”, con el objetivo de recaudar firmas y hacer frente a lo que consideran una imposición ideológica.
“Cuando los diputados quieren decidir por todos, nosotros decidimos despertar. Si quieren apoyar de verdad a las mujeres, que fortalezcan las familias, ofrezcan opciones reales y respeten la conciencia y la dignidad de todos, especialmente de nuestros niños. Un gobierno que solo ofrece aborto no libera a la mujer, la condena”, concluyó.
Finalmente, los integrantes de las organizaciones esperan que las mesas de diálogo en el Congreso del Estado de México escuchen sus demandas y que, en lugar de imponer estas leyes, se prioricen las necesidades reales de la población, como la seguridad, el acceso al agua potable y la mejora del sistema de salud.
