Por Mary González
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México concluyó la etapa de solventación de las cuentas públicas del 2023 y dejó abiertos 153 expedientes que no pudieron aclararse en tiempo y forma, tanto en el ámbito estatal como municipal, lo que podría derivar en faltas administrativas, inconsistencias financieras y posibles sanciones para los entes responsables, estos expedientes representan focos rojos sobre el manejo de recursos públicos en uno de los ejercicios presupuestales más grandes de la historia del estado.
La etapa de análisis avanzó por todos los procedimientos previstos por la normativa, desde la entrega de comprobantes del gasto durante los primeros 30 días hasta la revisión detallada del OSFEM y el periodo de garantía de audiencia, tras agotar estos pasos quedaron pendientes 99 expedientes municipales y 54 estatales, los cuales ahora se encuentran en la Unidad de Seguimiento de Investigación donde se determinará si existen elementos suficientes para acreditarse irregularidades y turnarse a las autoridades correspondientes.
Un volumen de observaciones que exhibe fallas estructurales
Las cuentas públicas del 2023 generaron más de dos mil observaciones que en conjunto ascendieron a un monto preliminar de 61 mil 500 millones de pesos, aproximadamente 13 por ciento del presupuesto total ejercido por las 547 entidades fiscalizables, estas observaciones abarcaron áreas financieras, de inversión física, desempeño y legalidad, evidenciando una dispersión de fallas y omisiones que revelan prácticas administrativas poco claras o directamente fuera de norma.
En su momento se señalaron irregularidades en procedimientos de adquisición, asignaciones indebidas, compras fraccionadas y ausencia de estudios de mercado, también se detectaron saldos sin recuperar al cierre del ejercicio fiscal, incumplimiento de contratos y uso inadecuado de fuentes de financiamiento, a lo anterior se suman casos de simulación en el ejercicio de recursos, obra pagada pero no ejecutada, inconsistencias en expedientes técnicos de programas y proyectos de inversión, excepciones injustificadas a la licitación pública y fraccionamientos de obra que podrían configurar prácticas evasivas.
El monto definitivo de posibles daños o responsabilidades se establecerá una vez que los expedientes queden firmes, sin embargo el volumen de observaciones, el tipo de inconsistencias y la magnitud de los recursos involucrados colocan al ejercicio 2023 como uno de los más cuestionados en los últimos años.
Un presupuesto gigantesco bajo la lupa
Durante 2023 las entidades fiscalizables administraron un presupuesto total de 469 mil 267 millones de pesos, de los cuales mil 973.7 millones correspondieron al Poder Legislativo, 191 mil 70 millones a las 23 dependencias del Poder Ejecutivo y cinco mil 653.8 millones al Poder Judicial, además se asignaron 15 mil 262.7 millones a órganos autónomos y 150 mil 245.6 millones a 85 organismos auxiliares, la amplitud de recursos y la complejidad administrativa del estado hicieron aún más relevante el papel del OSFEM como vigilante del correcto uso del dinero público.
Con la etapa de solventación cerrada, los 153 expedientes no aclarados se convierten en la nueva frontera del proceso de fiscalización, una frontera que determinará si hubo fallas administrativas corregibles o si existen responsabilidades que deberán sancionarse conforme a la ley, mientras tanto queda al descubierto un panorama donde la transparencia, la rendición de cuentas y la disciplina financiera siguen siendo desafíos mayúsculos para las instituciones públicas del Estado de México.
