Por Martha Romero
El Partido Acción Nacional (PAN) lanzó una fuerte crítica contra el partido Morena y la presidenta Claudia Sheinbaum, al denunciar que buscan aprobar una reforma que permitiría a las autoridades solicitar en tiempo real la ubicación GPS de cualquier ciudadano directamente a las compañías telefónicas, sin necesidad de una orden judicial y sin ningún tipo de control.
Para el PAN, esta iniciativa representa la legalización del espionaje arbitrario, un atentado directo contra la privacidad y las libertades fundamentales de la ciudadanía.
A través de un comunicado oficial, el PAN advirtió que esta medida no sólo pone en riesgo la libertad de expresión, sino que instala un mecanismo de vigilancia masiva al margen del Estado de derecho.
Especialistas en derecho digital y privacidad han advertido que esta reforma abre la puerta a un sistema de monitoreo continuo de la población, sin salvaguardas, supervisión judicial o protocolos de rendición de cuentas.
“Si esta propuesta se aprueba, las autoridades podrían saber en todo momento dónde está un ciudadano, a qué hora sale, qué ruta toma y qué lugares frecuenta, como si se tratara de un objetivo militar”, señala el documento emitido por el partido blanquiazul. Además, advierte que esta herramienta podría utilizarse con fines políticos, para vigilar opositores, periodistas, activistas o cualquier voz crítica al gobierno.
Para el PAN, la propuesta no busca justicia ni seguridad, sino control. “Morena pretende que la geolocalización se use como una herramienta de sometimiento, no como un mecanismo legítimo de investigación.
Lo más grave es que quieren hacerlo sin rendir cuentas a nadie”, subraya el comunicado.
El partido recordó que no es la primera vez que Morena intenta avanzar sobre los derechos digitales, “hace apenas unos meses quisieron reformar la ley para poder bloquear redes sociales bajo el argumento de que la información publicada era falsa o les resultaba incómoda, hoy, quieren saber en dónde estás, y mañana decidirán qué puedes decir. Esa es la ruta autoritaria que están construyendo”, afirmó el PAN.
El comunicado también expresa preocupación por otra iniciativa que avanza en paralelo: la creación de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil que obligue a los ciudadanos a registrar sus datos personales y biométricos -como huellas digitales y reconocimiento facial- como condición para acceder a servicios de telefonía. “Bajo el pretexto de combatir la delincuencia, están intentando legalizar el espionaje.
No están protegiendo a los ciudadanos, están vigilándolos”, acusa Acción Nacional.
Para el partido opositor, estas medidas forman parte de una estrategia más amplia del nuevo gobierno federal para concentrar el poder y debilitar las instituciones democráticas.
Señalan que al eliminar controles judiciales, supervisión ciudadana y protocolos independientes, se abre la posibilidad de que cualquier persona, por razones políticas o arbitrarias, pueda ser vigilada sin su conocimiento.
“Hoy es la geolocalización sin orden judicial, mañana serán las conversaciones privadas, y pronto, la censura abierta. Lo que se busca es silenciar y someter”, alertó el PAN.
Finalmente, el partido hizo un llamado a la ciudadanía, a las organizaciones civiles y a los defensores de derechos humanos a pronunciarse y rechazar esta iniciativa, que representa una amenaza sin precedentes a la libertad individual. También exigió que el Congreso federal detenga cualquier reforma que vulnere los derechos digitales y constitucionales, y recordó que en democracia el poder debe estar siempre bajo vigilancia ciudadana, no al revés.
“En lugar de espiar a los ciudadanos, el gobierno debería concentrarse en garantizar su seguridad, mejorar la justicia y acabar con la impunidad. No necesitamos un Estado que nos siga los pasos, sino uno que nos dé garantías, libertades y respeto”, concluye el posicionamiento.
Esta advertencia del PAN se suma a un creciente coro de voces preocupadas por el rumbo que está tomando la administración de Claudia Sheinbaum en materia de derechos digitales y libertades públicas.
La discusión ya comenzó a generar tensiones en el Congreso, donde organizaciones y expertos ya han anunciado que promoverán amparos y recursos legales si la reforma es aprobada.
