Por Mireya Álvarez
A pesar de los esfuerzos y la inversión en tecnología, el Parque Industrial Toluca 2000 se topa con un muro legal que dificulta la lucha contra el robo de mercancías. Si bien el índice de este delito se mantiene por debajo del cinco por ciento gracias a un robusto sistema de monitoreo satelital, escoltas y avanzadas tecnologías de resguardo, el director general del parque, Rogelio Argüelles Madrigal, insiste en la urgente necesidad de reformas legales para combatir la impunidad.
Argüelles Madrigal destaca que el bajo porcentaje de robos se debe, en parte, a que los productos que se fabrican en el parque no son de alto valor para la delincuencia organizada.
Sin embargo, el principal obstáculo radica en la naturaleza de estos delitos: al ser perseguidos por denuncia y no de oficio, el seguimiento de los casos es notablemente bajo.
“La primera denuncia sí se realiza, porque es indispensable para el cobro del seguro, pero la ratificación no se lleva a cabo, ya que los operadores, en la mayor parte de los casos, no quieren denunciar”, explicó.
Esta reticencia de los transportistas a ratificar las denuncias se convierte en un talón de Aquiles para el sistema de justicia, permitiendo que delincuentes identificados queden en libertad y continúen operando.
El director del Parque Toluca 2000 relató casos frustrantes donde individuos plenamente identificados por su participación en robos son detenidos, pero rápidamente puestos en libertad por falta de elementos para su procesamiento.
“Muchos de los videos que vemos contienen imágenes de asaltos a los transportistas muy violentos, pero después de la denuncia, fácilmente son imputados, los choferes se van y los dueños no pueden hacer nada porque el delito se persigue por denuncia, no por oficio. Ahí es donde la ley debería tener otra connotación”, afirmó, haciendo un llamado a un cambio legislativo que permita una acción más contundente por parte de las autoridades.
El robo de mercancías no solo representa una pérdida económica directa para las empresas; sus ramificaciones son mucho más profundas. Las compañías afectadas enfrentan retrasos significativos en la entrega de sus productos, interrupciones en las líneas de producción por la falta de piezas necesarias e incumplimiento de contratos, lo que genera un efecto dominó que afecta la cadena de suministro y la reputación empresarial.
Para mitigar estos riesgos, las empresas del Parque Toluca 2000 han implementado medidas adicionales de seguridad, como inmovilizadores de unidades, rastreadores GPS y patrullajes privados, complementando las acciones ya coordinadas con la dirección del parque.
La experiencia del Parque Industrial Toluca 2000 subraya un desafío latente para el sector del transporte y la logística en México: la necesidad de una revisión legal que fortalezca los mecanismos de persecución del delito de robo a transportistas, cerrando la puerta a la impunidad y protegiendo no solo la carga, sino la continuidad de las operaciones empresariales.
