* Sobrepoblación, violencia y la falta de personal capacitado siguen siendo problemas graves……
* Es imperativo que las autoridades implementen reformas profundas que garanticen una verdadera reinserción social y respeten los derechos humanos de las personas privadas de libertad……
Por Karina Rocha
El Centro Penitenciario “Sergio García Ramírez”, conocido como Penal de Chiconautla, ubicado en Ecatepec, Estado de México, es un microcosmos de las fallas estructurales del sistema penitenciario mexicano.
La realidad interna del penal sigue siendo alarmante, por lo que las denuncias y quejas crecen diariamente, sin encontrar eco por parte de las autoridades que, dicen, prefieren ser parte de “los actos de corrupción y soborno” que poner orden y mejorar las condiciones del lugar.
Hacinamiento y falta de personal
Uno de los problemas más críticos es el hacinamiento. Con una población de más de 5,900 internos, el penal opera con solo 62 custodios, una proporción insostenible que supera el 400% de su capacidad. Esta sobrepoblación no solo compromete la seguridad, sino que también facilita el autogobierno dentro del penal, donde los internos ejercen control sobre las instalaciones y las actividades diarias. La escasez de personal capacitado y la falta de recursos humanos adecuados para gestionar la población penitenciaria contribuyen a un ambiente de ingobernabilidad y violencia.
Violencia y muertes
La violencia dentro del penal ha resultado en tragedias humanas. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) emitió una recomendación tras la muerte de dos internos debido a la falta de medidas de seguridad eficaces. La CODHEM señaló que las autoridades violaron el derecho de los internos a una estancia digna y segura, evidenciando la grave crisis de derechos humanos en el centro.
Condiciones de vida y tortura
Las condiciones de vida en Chiconautla son deplorables. La falta de atención médica adecuada, la escasez de alimentos y la insalubridad son comunes. Casos como el de Juan Carlos Ramírez Michaca, quien fue detenido arbitrariamente y torturado en 2005, reflejan la impunidad y la corrupción que prevalecen en el sistema penitenciario. A pesar de mantener su inocencia, Ramírez Michaca fue condenado a 70 años de prisión y ha sido trasladado entre varios penales, incluyendo Chiconautla, sin que se le haya garantizado un juicio justo.
Intentos de mejora y su efectividad
Recientemente, se han realizado esfuerzos para mejorar las condiciones en el penal, como la inauguración de un área de visita infantil. Este espacio, diseñado para fomentar la convivencia familiar, es un paso positivo, pero insuficiente frente a los problemas estructurales que enfrenta el penal. La violencia, el hacinamiento y la corrupción siguen siendo problemas persistentes que requieren una reforma integral del sistema penitenciario.
Abuso de autoridad y corrupción en el Penal de Chiconautla
El Penal de Chiconautla, se ha convertido en un símbolo de la descomposición del sistema penitenciario del Estado de México. Las denuncias de abuso de autoridad y corrupción al interior de este centro son constantes y alarmantes, evidenciando la impunidad con la que operan tanto las autoridades penitenciarias como los internos que ejercen el control del penal.
Internos del penal han denunciado casos de tortura y extorsión por parte de otros reclusos, quienes, con la complicidad de algunos custodios, exigen sumas que oscilan entre los 10 mil y 50 mil pesos a las familias de las víctimas a cambio de no atentar contra su integridad física. Estas prácticas han sido documentadas en videos que circulan en redes sociales, donde se observa cómo los internos son sometidos y sus familias amenazadas.
La corrupción dentro del penal alcanza niveles alarmantes. Se ha señalado al director del centro, Bertín Arellano Gómez, por presuntamente lucrar con la Ley de Amnistía del Estado de México, ofreciendo la liberación de internos a cambio de fuertes sumas de dinero. Según denuncias, se habrían cobrado entre 90 mil y 200 mil pesos por reo, con la complicidad de otros funcionarios penitenciarios.
Además, familiares de internos han protestado por la fabricación de delitos y la imposición de cuotas por parte de las autoridades penitenciarias, quienes exigen pagos por el uso de literas y otros servicios básicos. Estas prácticas evidencian una estructura de poder paralelo dentro del penal, donde la ley y el orden son reemplazados por la extorsión y el abuso.
La situación en el Penal de Chiconautla es un reflejo de la crisis que enfrenta el sistema penitenciario del Estado de México, donde la corrupción y el abuso de autoridad prevalecen, y las víctimas son los internos y sus familias. Es imperativo que las autoridades competentes investiguen y sancionen estos actos de corrupción y abuso, garantizando la seguridad y los derechos humanos de todas las personas privadas de su libertad.
