Por Mireya Álvarez
Más de mil cien periodistas de medios digitales y tradicionales, tanto en México como en el extranjero, han unido sus firmas en una inédita acción colectiva para exigir al Estado mexicano que cese el hostigamiento legal, la censura y las represalias en contra del ejercicio periodístico libre.
A través de una carta pública publicada en la plataforma change.org (https://chng.it/TV7DCTRz6b), un total de mil 139 profesionales de la información expresan su preocupación por el creciente uso de mecanismos legales con fines punitivos contra periodistas. La misiva será entregada formalmente en Palacio Nacional y ante la Secretaría de Gobernación.
En el texto, las y los firmantes denuncian que figuras jurídicas pensadas para la protección de derechos humanos, como la “violencia política en razón de género”, están siendo manipuladas por autoridades de los tres niveles de gobierno para acallar voces críticas, perseguir con sanciones económicas e incluso abrir procesos penales, transformando herramientas legales en armas de censura institucional.
“Se ha vuelto habitual que el aparato judicial se use no para proteger, sino para intimidar a quien ejerce el derecho constitucional a opinar, cuestionar y señalar irregularidades”, se lee en la carta.
El documento subraya el peligro de esta tendencia en un país donde ejercer el periodismo ya conlleva un alto riesgo. México se mantiene entre los países más letales para periodistas en el mundo, ocupando el primer lugar en desapariciones de comunicadores y el tercero en asesinatos, únicamente por debajo de Palestina y Pakistán, naciones marcadas por conflictos armados.
A diferencia de peticiones anteriores, esta iniciativa no busca privilegios ni favores del poder público. Quienes la respaldan insisten en que su demanda es por un derecho básico: ejercer el periodismo sin temor a represalias ni tergiversaciones legales.
Además de dirigirse a las autoridades mexicanas, el pronunciamiento será remitido a organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y representantes de la Unión Europea.
La carta destaca también que el uso sesgado de leyes con enfoque de género por parte de funcionarios y legisladores ha derivado en un mecanismo para ocultar actos de corrupción, censurar a la prensa e inhibir la fiscalización pública. Este uso faccioso, advierten, compromete tanto la lucha legítima contra la violencia de género como la independencia del periodismo.
El mensaje de esta acción colectiva es claro: el derecho a la información es de la sociedad, no exclusivo de quienes trabajan en los medios. Cuando se ataca a la prensa, se debilita la democracia.
“No hay democracia posible sin una prensa crítica y sin libertad de expresión real”, concluyen las y los periodistas firmantes, quienes reiteran que su compromiso es también con la equidad, la justicia y la verdad, principios esenciales para la vida pública de cualquier nación.
