* El diputado Octavio Martínez urgió a la FGJEM a proceder contra el legislador del PT, a quien señala por su probable liderazgo en la red delictiva Unión 300 y por operar un sistema clandestino de vigilancia en Ecatepec……
Por Martha Romero
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cuenta con elementos que acreditan la probable responsabilidad del diputado federal Fernando Vilchis Contreras en la operación de la estructura criminal conocida como Unión 300, y por ello debe solicitar de inmediato su desafuero ante el Congreso de la Unión, exigió el diputado Octavio Martínez Vargas, prosecretario de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia en el Congreso Mexiquense.
Sostuvó que dicha organización habría sido creada y fortalecida por Vilchis Contreras durante su gestión como presidente municipal de Ecatepec, pues una de las evidencias del sistema de videovigilancia llamado “Jaguar”, es el nombre que alude al alias con el que supuestamente se referían al ahora legislador del Partido del Trabajo (PT) dentro del grupo delictivo.
Refirió que el proyecto de videovigilancia nunca fue licitado, sino que fue asignado directamente, lo que permitió la instalación de más de 600 cámaras de seguridad que tuvieron un costo estimado de 400 millones de pesos, mismas que fueron colocadas en zonas estratégicas como empresas, industrias, comercios, vialidades, viviendas y la Central de Abastos, y eran monitoreadas desde el edificio de Seguridad Pública, ubicado detrás del Palacio Municipal.
“Vilchis impidió que estas cámaras se conectaran al C5 estatal. Su intención fue siempre tener control absoluto sobre esa información”, denunció.
Martínez Vargas señaló que el sistema captaba rostros, placas de vehículos, movimientos y horarios, además de registrar la proximidad de cuerpos de seguridad federal y estatal, por lo que esta red de vigilancia fue replicada en un centro clandestino de espionaje, recientemente descubierto, que funcionaba como un espejo del sistema Jaguar.
Según sus declaraciones, esta información podría haber sido utilizada para cometer delitos como extorsión, despojo y secuestro, en beneficio de la estructura delictiva denominada Unión 300, con la que probablemente está vinculado Fernando Vilchis.
Por ello, instó al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez para que presente la solicitud de desafuero correspondiente, así como ampliar las investigaciones hacia Ernesto Santillán Ramírez, actual diputado local del PT y exalcalde interino de Ecatepec.
“La gobernadora Delfina Gómez ha establecido como eje principal de su administración el combate a la corrupción y el respeto al Estado de Derecho. Este caso pone a prueba esa promesa”, concluyó.
