Por Mireya Álvarez
El Poder Judicial del Estado de México (PJEM) ha puesto en marcha un ambicioso plan para descentralizar la justicia y fortalecer la barrera de prevención contra el feminicidio, ante ello, Héctor Macedo García, magistrado presidente del PJEM, anunció la inminente instalación de 11 módulos judiciales de índole municipal, estas nuevas estructuras dijo, se ubicarán estratégicamente en los municipios con declaratoria de Alerta de Género, buscando revertir la lejanía y el rezago en el acceso a servicios esenciales.
“Buscamos una justicia que palpe la realidad de las mujeres, que sea más accesible y de rostro humano,” explicó.
La misión inicial de estos centros será ofrecer servicios de mediación y una “atención temprana” para conflictos, integrando esta acción a una política de prevención integral impulsada por la judicatura mexiquense.
Macedo García enfatizó la crucial colaboración con las administraciones municipales y el Congreso local, dado que la iniciativa requiere un sustento constitucional robusto y la asignación de fondos específicos gestionados por el Órgano de Administración Judicial.
“Estamos en conversaciones permanentes con los ayuntamientos para definir los emplazamientos, los servicios detallados y el equipo humano que estará al frente,” detalló.
La respuesta de los gobiernos locales ha sido favorable, según el magistrado, quien ve en esta acción el cimiento de una “justicia municipal con enfoque de género”.
La meta primordial es “establecer una política sólida de prevención contra el feminicidio” en estos once puntos críticos, priorizando la salvaguarda de la vida y los derechos femeninos. Los módulos están concebidos como herramientas ágiles para el acceso a la justicia, la resolución temprana de disputas y la canalización eficiente de casos de alta gravedad hacia instancias especializadas.
“Esto va más allá de una simple medida administrativa; es un compromiso de corresponsabilidad institucional y ciudadana,” aseveró.
En cuanto al tema de finanzas del PJEM, indicó que el anteproyecto de presupuesto deberá ser entregado en la fecha límite este 14 de octubre y recordó que, por mandato constitucional, al Poder Judicial le corresponde el 2 por ciento del presupuesto estatal, cifra que no puede ser inferior a la del ciclo anterior.
Pese a que este porcentaje es el piso legal, el presidente del Poder Judicial reconoció que el aumento en las responsabilidades, como la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y nuevas estructuras administrativas, obliga a una gestión de recursos extremadamente eficiente.
“Debemos obrar con cautela, sin generar andamiajes grandes o gravosos, pero sí altamente efectivos,” puntualizó, sugiriendo el aprovechamiento de la capacitación interna y el potencial de la tecnología, incluida la inteligencia artificial, para optimizar procesos y la calidad de la atención.
Finalmente, el magistrado informó que el Plan de Desarrollo Judicial del Estado de México está en la etapa conclusiva de sistematización y se espera su presentación oficial entre fines de octubre e inicios de noviembre. Este documento, enriquecido con la colaboración de universidades, el COPLADEM y la Consejería Jurídica, incorpora más de 200 contribuciones de la sociedad civil y expertos.
“Buscamos un plan con objetivos medibles, participación abierta y un lenguaje que todos entiendan. La justicia no puede ser una materia técnica y distante, sino comprensible y cercana a la ciudadanía,” concluyó.
