* El Ejecutivo mexiquense propone aumentos de hasta 63% a los hologramas de verificación mientras impone nuevas cuotas que castigan a quienes menos tienen……
Por Martha Romero
El Gobierno del Estado de México plantea un incremento histórico en el costo de los hologramas de verificación para 2026, una medida presentada bajo el argumento de equidad tributaria pero que en la práctica golpeará el bolsillo de miles de familias que ya enfrentan gastos crecientes y un deterioro constante en su economía, la propuesta enviada al Congreso mexiquense pretende elevar entre 6 y 63 por ciento los montos que automovilistas deberán pagar por cumplir con una obligación que el propio Estado no garantiza de manera eficiente.
La iniciativa suma además dos nuevos cobros disfrazados de modernización administrativa, la constancia de no aprobación tipo rechazo y la constancia con holograma tipo exento voluntario, en el primer caso los conductores deberán pagar 39 pesos cada vez que su vehículo no cumpla los límites permisibles, un cargo que castiga a quienes acuden con regularidad al verificentro y que convierte el rechazo técnico en un negocio para el gobierno, en el segundo caso el holograma exento voluntario costará 630 pesos, una cifra difícil de justificar si no hay un beneficio real para el contribuyente.
El incremento también aplicará a los hologramas tradicionales, la constancia tipo doble cero subirá de 594 a 630 pesos con un aumento del 6 por ciento, el holograma tipo 0 pasará de 108 a 152 pesos equivalente a un incremento del 40 por ciento, y los hologramas 1 y 2 subirán de 93 a 152 pesos lo que representa un 63 por ciento más, estos últimos costos afectarán principalmente a quienes tienen vehículos antiguos y dependen de ellos para trabajar porque no pueden acceder a unidades nuevas.
El discurso oficial insiste en que la actualización responde a equidad tributaria, sin embargo, la verificación se ha convertido en una obligación costosa que no toma en cuenta las desigualdades entre contribuyentes, mientras para el gobierno representa una recaudación inmediata, no existe claridad sobre el destino de estos recursos ni garantía de que mejorarán la calidad del aire, la infraestructura ambiental o la vigilancia en los verificentros.
La falta de transparencia ha sido una constante, denuncias de corrupción, fallas técnicas y discrecionalidad permanecen sin solución, y en lugar de sanear el sistema se aumentan tarifas y se suman nuevos cobros, convirtiendo la política ambiental en una política recaudatoria sin mejoras en el servicio.
El Ejecutivo también propone eliminar la contribución por el uso de paradores turísticos del dominio público estatal argumentando que carece de sustento material, una medida menor frente al duro incremento aplicado a la verificación, se elimina un cobro en desuso mientras se encarece uno que afecta a la mayoría de los hogares con vehículo propio.
Este incremento confirma que la administración estatal continúa usando a los contribuyentes como su principal fuente de equilibrio financiero, la verificación pasa de ser un mecanismo ambiental a un impuesto disfrazado, y los automovilistas enfrentarán en 2026 un sistema más caro y más burocrático sin certeza de que estos aumentos se traduzcan en aire más limpio y no solo en más ingresos para el gobierno.
