La propuesta para crear una Agencia Estatal Anticorrupción con facultades de sanción encendió el debate en el Estado de México, luego de que el diputado Gerardo Pliego Santana planteara transformar la actual Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios en un organismo con mayores atribuciones legales y capacidad vinculante.
El legislador, presidente de la Comisión de Combate a la Corrupción en el Congreso local, sostiene que el modelo vigente solo coordina acciones y emite recomendaciones no obligatorias, lo que limita su efectividad, por ello propone un rediseño institucional que permita pasar de un esquema meramente articulador a uno con “dientes jurídicos” capaces de imponer lineamientos y dar seguimiento técnico efectivo a los casos.
De acuerdo con la iniciativa, la nueva Agencia sería un organismo constitucional autónomo con presupuesto propio e independencia en la toma de decisiones, su titular sería designado por la Legislatura mediante mayoría calificada, tras convocatoria pública y evaluación de perfiles, el encargo tendría una duración de ocho años con el objetivo de garantizar continuidad más allá de los ciclos municipales y estatales.
Pliego Santana argumenta que la estructura actual fragmenta responsabilidades entre instancias como la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización y el Tribunal de Justicia Administrativa, lo que diluye la eficacia de las acciones, bajo el nuevo modelo se concentraría el seguimiento técnico y se fortalecería la capacidad operativa para combatir prácticas indebidas en la administración pública.
Desde la Secretaría Ejecutiva del sistema, la postura ha sido prudente, su titular, Víctor Romero Maldonado, señaló que toda propuesta orientada a fortalecer el combate a la corrupción es bienvenida siempre que se mantenga dentro del marco del Estado de Derecho, reconoció que al provenir del grupo parlamentario mayoritario la iniciativa merece un análisis serio y detallado, aunque evitó fijar una postura definitiva al subrayar que no le corresponde legislar.
El debate de fondo se centra en determinar si el modelo actual puede fortalecerse con ajustes internos o si requiere una transformación estructural completa, la propuesta deberá ahora pasar por el proceso de análisis en comisiones legislativas donde se evaluarán sus alcances jurídicos, presupuestales y administrativos, en un contexto donde la exigencia ciudadana por resultados tangibles en materia anticorrupción continúa en aumento.
