* El saqueo institucional que nadie quiere detener……
Por Mary González
La aparición de cientos de “plazas fantasma” en el sistema educativo del Estado de México no es una anomalía aislada, es la confirmación de un modelo profundamente corrompido, un esquema donde el dinero público se diluye entre simulaciones, complicidades y omisiones deliberadas, mientras miles de estudiantes enfrentan carencias básicas que el propio gobierno dice combatir pero en los hechos ignora.
Un fraude sostenido desde dentro
La detección de al menos 324 do-centes que cobraban sin trabajar, sin escuela, sin alumnos y sin funciones verificables, no es un simple error administrativo, es un fraude estructurado que no pudo haberse sostenido sin la participación activa o la negligencia sistemática de funcionarios, un mecanismo que implica registros alterados, controles inexistentes y una cadena de validaciones que alguien tuvo que aprobar, alguien tuvo que firmar y al-guien decidió no cuestionar.
Peor aún, la existencia de claves de centros de trabajo vinculadas a es-cuelas inexistentes o sin validez administrativa exhibe un nivel de descomposición institucional alarmante, porque no se trata solo de inflar nóminas, se trata de construir una realidad paralela dentro del propio sistema educativo, una ficción burocrática diseñada para justificar pagos que nunca debieron existir.
La corrupción que se administra, no se castiga
La reacción oficial, como suele ocurrir, llega tarde y envuelta en formalismos, auditorías internas que descubren lo que durante años fue evidente, denuncias penales que pocas veces terminan en sanciones ejemplares, investigaciones que avanzan lentamente hasta perderse en el laberinto de la propia estructura gubernamental.
Se habla de posibles vulneraciones al sistema informático o de la participación de servidores públicos, como si ambas hipótesis no fueran igualmente graves, como si el problema pudiera reducirse a una falla técnica cuando en realidad apunta a una red de corrupción que operó con total libertad, sin controles efectivos, sin supervisión real y con la certeza de que difícilmente habría consecuencias.
Renuncias que no explican nada
En este contexto, las recientes renuncias de funcionarios de alto nivel no representan necesariamente un acto de responsabilidad, sino una estrategia conocida para despresurizar el escándalo, nombres que se van sin dar explicaciones, salidas silenciosas que buscan cortar la cadena de cuestionamientos antes de que alcance niveles más altos.
La falta de claridad sobre el vínculo entre estas renuncias y la investigación en curso solo alimenta la sos-pecha, porque en un sistema donde la transparencia es la excepción y no la regla, cada movimiento opaco re-fuerza la percepción de encubri-miento, de acuerdos internos, de decisiones tomadas para proteger más que para esclarecer.
El costo oculto en las aulas
Mientras el dinero se desviaba hacia plazas inexistentes, las escuelas reales seguían operando con recursos limitados, salones deteriorados, falta de materiales, docentes sobrecargados y comunidades enteras tratando de sostener un sistema que desde arriba era utilizado como fuente de extracción.
Cada plaza fantasma representa no solo un acto de corrupción, sino una oportunidad perdida, un recurso que pudo destinarse a mejorar la infraestructura, a capacitar maestros, a garantizar condiciones dignas para los estudiantes, pero que terminó alimentando una red que privilegia intereses particulares sobre el bienestar colectivo.
Un sistema diseñado para fallar hacia abajo
El caso evidencia un patrón más amplio, un gobierno que falla sistemáticamente en su obligación de vigilar, pero que es extraordinariamente eficiente para permitir que estas prácticas se mantengan, un aparato burocrático que complica trámites a los ciudadanos pero que resulta sorprendentemente flexible cuando se trata de desviar recursos.
La normalización del abuso
Lo más preocupante no es solo la existencia de estas plazas fantasma, sino la facilidad con la que encajan en una narrativa conocida, la de un Estado de México donde la co-rrupción no escandaliza tanto como debería, donde cada nuevo caso parece confirmar lo que ya se sospechaba, donde la indignación se diluye ante la repetición constante de abusos.
El riesgo es claro, cuando la corrupción se vuelve cotidiana, deja de percibirse como una excepción y comienza a asumirse como parte del funcionamiento normal del gobierno, un punto en el que la exigencia social pierde fuerza y el poder encuentra terreno fértil para perpetuar sus prácticas.
¿Quién responde realmente
La gran pregunta sigue sin respuesta, ¿quién autorizó estas plazas?, ¿Quién validó los pagos?, ¿Quién supervisó los registros? y, sobre todo, ¿Quién se benefició directamente de este esquema, porque de-trás de cada irregularidad hay res-ponsables concretos que difícilmente enfrentarán consecuencias si la historia se repite.
Sin sanciones claras, sin procesos transparentes y sin voluntad política real, este caso corre el riesgo de convertirse en otro expediente más, en otra cifra que se suma a la larga lista de escándalos que no transforman nada.
El problema no es solo que existan plazas fantasma, el problema es que el sistema que las permitió si-gue intacto, operando, adaptándo-se, esperando el momento para reproducirse bajo nuevas formas, mientras la ciudadanía sigue pa-gando el costo de un gobierno que, lejos de erradicar la corrupción, parece haber aprendido a convivir con ella.
