* Habitantes de Santo Tomás El Pedregal denunciaron que han sido criminalizados con apoyo de Ministerios Públicos y jueces; las autoridades de los tres niveles de gobierno han actuado a favor de particulares que han invadido sus tierras……
Por Martha Romero
Habitantes de la localidad de Santo Tomas El Pedregal, ubicada en Valle de Bravo, de nueva cuenta denunciaron que continúan siendo víctimas de fraude procesal y acoso institucional, pues a pesar de ser los legítimos herederos de tierras que ha pasado de generación en generación, desde hace años las defienden inútilmente.
Resaltaron que la mafia inmobiliaria los repliega porque la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) los apoya, quienes también han logrado la complicidad del ayuntamiento, así como de instancias estatales y federales, instancias que incurren en diversos delitos al apoyarlos en la pretensión ilegal de construir un fraccionamiento campestre de lujo en ese codiciado terreno.
Por ello, los más de 600 afectados han emprendido diversas acciones de defensa y protección, quienes por una parte implementan guardias continuas en la zona de bosque que les corresponde y turnan para vigilar las 24 horas, los 365 días del año, mientras que otros pobladores se encargan de enfrentar el acoso institucional para acudir en apoyo de quienes fueron acusados falsamente y enfrentaron un juicio muy irregular, recibiendo una sentencia totalmente injusta.
Refirieron que es en la Unidad Especial Para la Investigación del Delito de Despojo y contra la Seguridad de la Propiedad y Posesión de Inmuebles, donde respondieron a la citación dictada en el oficio 380/2025, bajo los números de investigación VAL/VBR/00/MPI/176/00856/24/10 y VAL/VAL/VBR/111/316230/24/10.
Indicaron que están cansados de los múltiples ataques en su contra, desde el acoso institucional y las denuncias falsas, hasta la invasión gradual del territorio que legalmente les corresponde y que está por convertirse en ejido, proceso que está detenido por la presunta intervención de los invasores, quienes han logrado el apoyo de autoridades y funcionarios para completar este “despojo legalizado”.
Precisaron que de 235 hectáreas asignadas legalmente a esta comunidad, les han invadido 110 y la mayor parte del espacio ha sido ocupado por Banca Mifel, empresa reconocida como invasora, además de que los hermanos Luis y Agustín Quintanilla, vecinos de la comunidad, podrían estar detrás de la destrucción de 10 hectáreas de cultivo con maquinaria pesada hace un par de años, pero al tratar de levantar la denuncia, el Ministerio Publico se negó.
Refirieron que cuatro vecinos del lugar fueron sentenciados a siete años de prisión y ahora pretenden acusar a cuatro más, por lo que no están dispuestos a soportar más vejaciones y han emprendido diversas acciones para defender su territorio y recuperar la tranquilidad que les fue arrebatada desde hace décadas, por la codicia del terreno donde casi 100 familias han asentado sus hogares, heredándolos de generación en generación.
Con esta nueva demanda en su contra esperan ser atendidos para revisar todas las peticiones hechas ante los tres niveles de gobierno, y se instale a la brevedad la mesa de trabajo y dialogo solicitada al gobierno estatal, esperando lograr que las instancias correspondientes cumplan con honestidad su trabajo.
Además, por la experiencia lograda al enfrentar y resistir a este embate institucional, contemplan la posibilidad de ampliar sus acciones para combatir al cartel inmobiliario que tanto daño a causado a los legítimos herederos de estas codiciadas tierras de Valle de Bravo, donde abundan los casos de despojo por particulares y funcionarios corruptos.
Exigieron a las autoridades se haga valer la resolución presidencial y la del Tribunal Superior Agrario que les otorga el derecho pleno sobre esas tierras y, sobre todo, les permita demandar el despojo de Banca Mifel y los otros invasores para recuperar las 110 hectáreas que les corresponden.
Por ello, solicitaron la intervención de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para frenar el uso del aparato judicial, pues solo ha servido para proteger intereses de grupos inmobiliarios y empresarios privados.
Finalmente, indicaron que el otro gran pendiente es lograr el respeto pleno a la legalidad agraria en Valle de Bravo, por lo que los habitantes de Santo Tomás El Pedregal no claudicarán y seguirán protestando para denunciar la falta de atención, tanto de autoridades como de líderes locales y hasta representantes populares.
