* En febrero de 2025 el Congreso Mexiquense abrogó del Código Penal el delito de ultrajes, que se castigaba con hasta dos años de prisión……
Por Martha Romero
Una de las transformaciones impulsadas en el Estado de México por los Poderes Legislativo y Ejecutivo es la eliminación del delito de ultrajes el pasado 6 de febrero, por lo que este será el primer año en el que el “Día de la Libertad de Expresión” que se conmemora el 7 de junio de cada año, se celebre sin una limitación a este derecho.
Las iniciativas aprobadas y que derogan este delito que evita restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión, pues criminalizaba la crítica hacia las personas servidoras o instituciones públicas, fueron presentadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC).
Su aprobación también preserva y fortalece los derechos humanos, así como la libre expresión, al eliminar las sanciones de hasta dos años de prisión para quien ejecutara ultrajes contra instituciones públicas, y de hasta un año de prisión para quien los cometiera en contra de una persona servidora pública.
Esta reforma hizo que los Poderes Legislativo y Ejecutivo fueron reconocidos por la oficina en México del alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos porque cumple con las recomendaciones internacionales en derechos humanos y la libertad de expresión.
Llamaron al resto de las entidades del país que aún mantienen delitos contra el honor a derogarlos, pues suelen usarse para criminalizar a periodistas y a personas defensoras de Derechos Humanos.
Además, esta aprobación es acorde con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró en el mes de febrero de 2022, inconstitucional esta figura en referencia al Código Penal del Estado de Veracruz, por considerar que coarta la libertad de expresión y el derecho a la crítica, y no cumple con los principios de legalidad y seguridad jurídica.
Cabe señalar que en el Estado de México el ultraje era considerado un delito que se definía como toda expresión, directa o indirecta, o toda acción ejecutada contra alguna persona servidora pública, estatal o municipal, o contra instituciones públicas, que pudiera implicar ofensa o desprecio.
