Tras publicarse el decreto de creación de la nueva Área Natural Protegida “Felipe Carrillo Puerto” que incluye a la mina Calica, propiedad de Vulcan Materials en Playa del Carmen, la empresa estadounidense advierte que intensificará la batalla legal contra el Gobierno mexicano.
En un posicionamiento tras conocerse el decreto, la empresa adelantó que “esta medida ilegal tendrá un efecto paralizante y de largo plazo en las relaciones comerciales y de inversión entre los Estados Unidos y México. Este último acto nos priva del uso de nuestros terrenos y, por lo tanto, nos defenderemos empleando todas las vías jurídicas disponibles”.
Aunque se trata sólo de una declaratoria de ANP, la empresa tilda la medida como una “expropiación” que forma parte de la “serie de amenazas y acciones de la actual administración” contra su operación en México.
Por otra parte, añaden que también es una nueva violación de los compromisos de México en el marco de los acuerdos comerciales de América del Norte, incluido el T-MEC y otros tratados de inversión aplicables.
Como se recordará, desde finales de 2018 Vulcan inició un procedimiento de arbitraje en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencia Relativa a Inversiones (Ciadi).
Este procedimiento hace referencia a acciones gubernamentales que datan de 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo de los predios La Adelita y el Corchalito, dos de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en estos.
Otro de los reclamos por los que Vulcan inició el arbitraje internacional es la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017.
A dichos reclamos se suma la clausura del predio La Adelita, ejecutada en mayo de 2018 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de la cancelación de los permisos para operar el muelle Punta Venado, desde donde la compañía embarca el material pétreo hacia Estados Unidos.
Derivado de estas medidas, la firma estadounidense exige a México el pago de mil 500 millones de dólares.
A este reclamo se le añadieron otras clausuras practicadas en mayo de 2022, cuando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador impuso nuevas medidas pues el particular no dejaba de extraer material pétreo.
Paralelo a este procedimiento internacional, se han desahogado en México diversas demandas de amparo que juzgados y tribunales federales ubicados en Quintana Roo han resuelto en contra de las pretensiones de Calica en busca de que le retiren las clausuras.
