* El acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia feminicida sigue siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal……
Por Martha Romero
En el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) advertimos con profunda preocupación que México no vive un momento de avance en la garantía de los derechos de las mujeres, sino de retrocesos graves en la política pública para enfrentar la violencia feminicida, aseveró su directora, María de la Luz Estrada Mendoza.
Sostuvo que en México se vive un contexto alarmante porque el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia feminicida continúa siendo una lucha contra estructuras institucionales que reproducen desigualdad, estereotipos de género e impunidad patriarcal.
Resaltó que la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) se encuentra debilitada, opaca e ineficiente, pues a un año de que la Secretaría de las Mujeres federal asumiera su seguimiento, no se observan avances y contrariamente ha eliminado la obligación expresa de que los estados alertados informen cada seis meses sobre el cumplimiento de las medidas.
Añadió que los informes quedaron sujetos a lo que determine un sistema nacional que, en la práctica ha demostrado ser ineficiente y ajeno a las problemáticas estatales y de propio mecanismo, como ocurrió en sus inicios cuanto tenía la facultad de iniciar investigaciones que llevaran a declarar la AVGM, atribución que nunca ejerció ni una sola vez.
Resaltó que aunque se anunció la asignación de más de 856 millones de pesos al Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas, no existe claridad sobre los criterios de distribución, ni sobre la forma en que estos recursos están siendo ejercidos para fortalecer los centros de justicia, los refugios y el mecanismo de la alerta.
Estrada Mendoza indicó que desde 2025 el OCNF acompaña a algunos estados, mismos en los que no existen análisis de contextos actualizados que permitan revisar qué medidas han quedado rebasadas y cuáles deben fortalecerse, ni se ha emitido una nueva convocatoria para integrar a expertas independientes.
Subrayó que es preocupante que en lugar de fortalecer el mecanismo se plantee su levantamiento como es el caso del Estado de México donde se ha anunciado la posibilidad de retirar la Alerta en uno de los 11 municipios donde está vigente, argumentando una supuesta reducción de más del 50 por ciento en los feminicidios en los últimos cinco años.
“Levantar la Alerta sin mostrar avances sustanciales para proteger la vida e integridad de las mujeres, envía un mensaje de simulación institucional. La violencia feminicida no se combate con reformas que diluyen responsabilidades ni con decisiones administrativas orientadas a cerrar mecanismos incómodos. Se requiere transparencia, evaluación constante y compromiso político real”, añadió.
Indicó que han documentado la negativa de las fiscalías de iniciar investigaciones sobre muertes violentas como feminicidios, la ausencia de análisis de peritajes que acrediten los contextos de violencia de género en los que estaban las mujeres asesinadas, así como análisis de contexto necesario para identificar patrones y modus operandi que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Llamó a los gobiernos federal, estatales y municipales, así como a la Secretaría de las Mujeres federal para que conozcan la propuesta de fortalecimiento anunciada por la presidenta para mejorar el único mecanismo de protección colectiva, la AVGM, con evidencia comprobable, a cargo de la Secretaría de las Mujeres federal y de los 23 estados donde la Alerta ha sido decretada.
También, dijo, transparentar el ejercicio del presupuesto en materia de violencia contra las mujeres y los criterios de distribución, así como contar con análisis de los contextos que ponen en riesgo la vida de las mujeres, a fin de evaluar si las acciones implementadas por los gobiernos municipales, estatales y federal tienen impacto en la vida de las mujeres y en el acceso a la justicia.
Finalmente, señaló que la protección de los derechos de las mujeres no puede estar sujeta a criterios discrecionales ni a decisiones políticas coyunturales, porque la vida de las mujeres exige responsabilidad institucional, rendición de cuentas efectiva y acciones sostenidas.
