Petróleos Mexicanos (Pemex), reconocida por ser la empresa petrolera más endeudada del mundo, decidió endurecer su política interna de ahorro en energía, agua… hasta el uso del baño.
La decisión se tomó durante la Sesión Ordinaria número 1034 del Consejo de Administración, celebrada el 26 de febrero de 2025, y quedó formalizada en el documento CA-001/2025.
La petrolera, afectada por su situación financiera y ante el panorama económico desalentador del país, encomendó esta nueva etapa del plan de austeridad a la Subdirección de Servicios Corporativos de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios (DCAS) y a sus empresas subsidiarias.
Las instrucciones apuntan a un recorte integral del consumo de servicios básicos. En electricidad, por ejemplo, se ordenó el retiro de equipos con poco uso, la instalación de sensores de movimiento para controlar el encendido de luces, la priorización de luminarias de bajo consumo, la desconexión de computadoras y dispositivos portátiles una vez que estén cargados, el apagado total de oficinas fuera del horario laboral.
“Se debe concientizar al personal en los diferentes Centros de Trabajo del uso racional de la energía eléctrica”, se advierte en el documento.
Pemex también ordenó un control más riguroso del uso del agua. Entre las nuevas disposiciones están: La colocación de llaves ahorradoras en baños, revisiones periódicas para detectar fugas.
Estas acciones, según el documento, buscan eficiencia en el uso de recursos.
De acuerdo con testimonios recopilados a través de fuentes denunciantes, varios empleados de Pemex aseguraron que algunas de estas medidas ya se están aplicando de manera estricta, incluso en temas como el uso del baño. Reportan que, en ciertos centros de trabajo, ya se les solicita pedir permiso para ir al sanitario.
Esas mismas fuentes denuncian que las acciones comenzaron en áreas directivas, pero se han extendido a más niveles.
La política de ahorro también se aplicará al uso de recursos materiales. En lo que respecta a papelería y fotocopiado, el documento indica que el uso de fotocopiadoras se restringirá.
Sólo se permitirá hacer copias “con fines excepcionales y oficiales”.
Aunque la intención oficial de Pemex es reducir gastos y aumentar eficiencia, algunas medidas han empezado a generar tensiones internas, especialmente por su impacto en las condiciones de trabajo.
Lo que es un hecho, según advierten las mismas voces informantes, es que todo esto se da como consecuencia de los efectos del fraude contable articulado en Petróleos Mexicanos que ya son considerados graves e irreversibles. Tras años de haber ocultado el verdadero pasivo, hoy la petrolera ha quedado expuesta en cuanto a que, tanto las cifras publicadas como las reveladas a la Securities and Exchange Commissión (SEC) han sido brutalmente manipuladas.
Las voces afectadas exigen analizar la conducta y proceder de quienes han integrado el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, dado que ellos, en muchos casos fueron, y siguen siendo, cómplices pasivos de las tropelías organizadas por los funcionarios operativos.
Muchos de estos son designados, recomendados, o, de plano, impuestos por la Secretaría de Energía o la de Hacienda y Crédito Público.
Denuncian que el caso más destacado, es el de Juan José Suárez Coppel, quien ha ocupado todos los puestos de la dependencia petrolera, en donde ha sido director de Finanzas, director general, proveedor, consultor, y hasta funcionario de una de las empresas que está directamente implicada con la desaparición de cuantiosos recursos públicos que debieron destinarse a la optimización de la planta industrial que perteneciera a Agronitrogenados.
Se advierte de la forma en la que las leyes fueron burladas y utilizadas por los involucrados en el más grande de los fraudes articulados en contra de la paraestatal Petróleos Mexicanos.
Y crecen las dudas: ¿cómo es posible que el gobierno no detecte o, peor aún, no evite que un proceso delictivo de ese tamaño ocurra a lo largo de dos décadas?.
Lo cierto es que los controles legales fueron burlados por descarados actos de corrupción y complicidad.
Aseguran que la estructura criminal fue puesta a prueba, todos los involucrados y enriquecidos por la dependencia aportaron importantes cantidades y presiones para mantener la irregular maquinaria operando en favor de los peores intereses.
Las mismas fuentes denuncian que así fue como llegó la revisión de la supresión y elusión de los controles legales y reglamentarios de financiamiento, procura y pago de pasivos de Pemex al escritorio del ministro Alberto Pérez Dayán, en un abultado expediente que tomó años de integración en un Tribunal Colegiado.
Denuncian que en menos de una semana, derogó y desconoció la vigencia, exigibilidad y oponibilidad de los controles previstos por el legislador federal, con lo cual cimentó las condiciones para que se llevara a cabo el mayor desfalco de las finanzas públicas.
