Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Esta es la postura que asume la Comisión Nacional del Agua (Conagua) quien recién anunció una depuración de concesiones del vital líquido en el país, pero ya en la práctica se niega a reunirse y colaborar con las Contralorías Ciudadanas y a transparentar información sobre los permisos irregulares que ha detectado, según denuncia hecha por las organizaciones.
En un pronunciamiento dirigido a Efraín Morales López, titular de Conagua, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua indica que, desde noviembre de 2024, organizaciones ciudadanas de distintos estados entregaron a esa dependencia y a organismos de Cuenca “listas detalladas” de irregularidades detectadas en registros de concesiones, usos y disponibilidad del agua en sus territorios.
A pesar de que Conagua recientemente aseguró estar comprometida a poner orden en el sistema de concesiones en el país, se ha negado de manera reiterada a reunirse y colaborar con las Contralorías Ciudadanas, con colectivas, investigadores y académicos que representan un esfuerzo “legítimo, pacífico y técnico de participación ciudadana”.
Firmado por la Contraloría Nacional y también por 25 organizaciones ciudadanas defensoras del agua que se han conformado en igual número de entidades, el escrito pide una respuesta “pública y clara” a una serie de interrogantes como el porqué la Conagua se ha negado a las solicitudes que le han hecho para transparentar la lista de concesiones irregulares que ha anunciado.
De igual manera, le preguntan la razón por la que la dependencia no ha registrado a la fecha el título de derechos al agua del pueblo yaqui, que fue acordado entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y la propia Conagua desde 2022 y por qué en los planes de saneamiento de ríos como Tula y Atoyac, no ha convocado a investigadores, organizaciones y comunidades que llevan décadas de trabajo en sus territorios.
De igual manera, también hace referencia a la urgencia por avanzar hacia una Ley General de Aguas (LGA) “justa, participativa y transparente” que contemple mecanismo de contrapeso social y comunitario y que sustituya a la actual Ley de Aguas Nacionales que facilita el sobre concesionamiento, el acaparamiento y el despojo de derechos de agua.
Aunque reconocen acciones como la clausura temporal de la empresa porcícola “Pecuaria Peninsular”, el cierre de un ducto en Cananea y la reunión de la Semarnat y otras dependencias con el Centro Fray Julián Garcés, las contralorías ciudadanas llaman al Gobierno Federal a una real transformación de la política hídrica con participación social, transparencia y voluntad de diálogo con quienes por décadas han defendido el agua.
“Exhortamos al Gobierno Federal y a las instancias responsables de la administración del agua en México, a corregir este rumbo y a tomar en cuenta las propuestas desde los territorios, los pueblos, las comunidades y la academia”, advierten.
En tanto que la Contraloría Autónoma del Agua de Puebla, “Joel Arriaga”, se pronunció en el sentido de que la Conagua revise concesiones que se han otorgado a empresas y particulares en Puebla que tienen autorizado extracciones superiores al millón de metros cúbicos de agua al año, como son Volkswagen de México, y sus 347 proveedoras, que al igual son altamente contaminantes.
Asimismo, mencionaron a otras firmas como la Cervecería Cuauhtémoc, Granjas Carroll, Bebidas Purificadas y otras, pero sobre todo indican que se debe revisar el cumplimiento de obligaciones contractuales de la concesionaria Aguas de Puebla que suministra el servicio en el área conurbada de esta capital desde 2014.
