Por Martha Romero
Para que los gobiernos estatal y municipales implementen acciones para erradicar las adicciones y regulen los centros de atención a adicciones tanto públicos como privados enfocados a garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral de las personas, la bancada del PRD propuso expedir la Ley de Prevención, Atención y Erradicación de las Adicciones, así como la Regulación de los Centros de Atención de Adicciones.
La diputada Araceli Casasola Salazar explicó que en el Estado de México no existe ninguna ley estatal que ayude a regular y vigilar los tratamientos de desintoxicación, por lo cual se busca construir políticas públicas en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de las adicciones.
Además, dijo, se busca fortalecer la colaboración entre las dependencias, los municipios e instancias de los sectores públicos y privados que estén involucrados directa o indirectamente en las acciones de prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control de las adicciones.
Refirió que entre otros objetivos de la ley destacan el establecimiento de medidas y acciones que ayuden a prevenir, concientizar, detectar y erradicar el consumo de sustancias que pongan en riesgo la salud, la calidad y las expectativas de vida de las y los ciudadanos mexiquenses; así como garantizar el acceso a los servicios de atención a tratamiento y rehabilitación especializados para las personas con problemas de adicciones.
Casasola Salazar añadió que también se busca promover la participación social como un factor de corresponsabilidad en la prevención y erradicación del consumo de sustancias psicoactivas, para eliminar la discriminación hacia las personas que las consumen; implementar mecanismos para capacitar, certificar y vigilar a todas las personas involucradas en la prevención, tratamiento, rehabilitación, reinserción social y control en materia de las adicciones.
Indicó que se busca incentivar el financiamiento público y privado para la implementación de políticas públicas que ayuden a las personas con el tratamiento integral de la adicción en los centros de atención, cuando se encuentren vulnerables y sin ningún apoyo familiar.
Por último, mencionó que se busca mayor vigilancia en estos centros porque en muchos de estos ocurren irregularidades y, como ejemplo de esto, compartió el caso de Saúl Abraham León García, de 22 años, quien el 16 de marzo de 2024 ingresó por voluntad propia a un centro de rehabilitación, en Chalco, y dos días después se notificó su fallecimiento a sus familiares derivado de un coma metabólico, pese a que la necropsia indicaba muerte por traumatismo craneoencefálico.
