Por Martha Romero
El Estado de México enfrenta un preocupante déficit de jueces: actualmente hay solo 2.8 jueces por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la media nacional de 4.8, lo que limita el acceso pleno y oportuno a la justicia.
Esta problemática, que afecta directamente a miles de ciudadanos, podría empezar a resolverse hasta 2027, cuando se realice la segunda elección de juzgadores y se avance con la reforma al Poder Judicial estatal.
Así lo adelantó José Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 62 Legislatura local, quien reconoció que la falta de personal judicial es una situación crítica que deberá atenderse en la planeación de dicha reforma y en la organización de los próximos comicios judiciales.
El legislador explicó que para incrementar el número de jueces será necesario realizar una redistritación de los actuales 18 distritos judiciales, además de elaborar una nueva cartografía judicial y electoral, ya que un mayor número de juzgadores requiere una distribución territorial más equilibrada y funcional.
Sin embargo, Vázquez Rodríguez también fue claro al señalar que revertir el déficit pasa necesariamente por un tema financiero.
“Desconozco si en años anteriores el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México (TSJEM) ya había solicitado los recursos necesarios, pero sin inversión no se puede avanzar”, puntualizó.
La necesidad de jueces se evidencia con las cifras actuales del Poder Judicial: en 2024 se recibieron más de 130 mil asuntos en materia familiar, atendidos por apenas 88 jueces.
Además, se sumaron 31 mil 143 casos en materia penal, de los cuales el 81% fueron resueltos, y los conflictos laborales se están atendiendo con un plazo promedio no mayor a siete meses.
Finalmente, Vázquez Rodríguez aseguró que la reforma busca acabar con las viejas prácticas de asignaciones por “apellidos o generaciones” y promover que los nuevos juzgadores sean personas electas por el voto ciudadano, fortaleciendo así la legitimidad del sistema judicial.
La elección de 2027 será una oportunidad clave para modernizar el aparato de justicia en el Edomex y garantizar que los derechos de la población no sigan siendo víctimas de la saturación y la lentitud del sistema.
