* Buscan combatir la corrupción y facilitar apertura de negocios……
* Con 124 trámites identificados, la iniciativa impulsada por Grafeno y el Comité de Participación Ciudadana de la entidad y Toluca, pretende reducir la burocracia, fomentar la formalidad empresarial y combatir actos de corrupción……
Por Mireya Álvarez
En un esfuerzo por reducir la burocracia, impulsar la formalidad empresarial y combatir la corrupción en trámites gubernamentales, la organización Grafeno, Red Exponencial, en conjunto con diversas instituciones aliadas, representantes del sector empresarial, sociedad civil y autoridades anticorrupción, presentó una Guía de Cumplimiento Normativo que integra 124 trámites clave para abrir y operar un negocio en el Estado de México.
La iniciativa anunciada en conferencia de prensa por Serene Ríos, consejera consultiva de Grafeno, subrayó que la burocracia representa uno de los principales obstáculos para el crecimiento económico en México y citando cifras del Índice de Burocracia en América Latina, señaló que abrir un negocio en el país implica en promedio 652 horas, equivalente a 82 días o casi 4 meses, y mantenerse en regla exige alrededor de 506 horas anuales, lo que representa más de tres meses de trabajo continuo.
“Estos números nos muestran que la burocracia no es un asunto menor, desde Grafeno decidimos actuar y construir soluciones reales para quienes enfrentan estos retos cada día”, destacó.
La guía, que ya está disponible en formato PDF de manera gratuita en el sitio web de Grafeno y de sus aliados, incluye trámites de los tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, con cobertura normativa clara, accesible y actualizable al menos una vez al año.
Omar Iván Gómez Guzmán, presidente de Grafeno y de la Red Exponencial, detalló que la guía fue desarrollada con la colaboración con el Jurídico de Grafeno, el Colegio de Abogados del Estado de México, así como con el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción de Toluca.
“La guía está diseñada para facilitar el cumplimiento legal, reducir actos de corrupción y ahorrar tiempo a los empresarios, contiene columnas que detallan nivel de gobierno, vigencia, impacto legal y económico, así como un checklist para que los usuarios puedan marcar los trámites ya cumplidos”, explicó.
En este mismo tenor, uno de los ejes centrales de la presentación fue la denuncia del costo económico de la corrupción derivada de trámites mal diseñados o poco claros. Según cifras de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2024 del INEGI, la corrupción en trámites y servicios públicos en México tuvo un costo estimado de 11 mil 911 millones de pesos al año.
Asimismo, se expuso que las multas por incumplimiento pueden ascender hasta los 648 mil pesos, dependiendo de la falta y del nivel de gobierno involucrado. “Esto representa una amenaza constante para las pequeñas y medianas empresas, que no siempre tienen acceso a asesoría legal o fiscal adecuada”, enfatizó Gómez Guzmán.
Liza Arilla Macedo, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción de Toluca, reiteró el compromiso del organismo con esta iniciativa, destacando que la mejora regulatoria y la digitalización de trámites deben ser una prioridad para los tres niveles de gobierno.
“El objetivo es que los trámites sean transparentes, claros y sencillos. Esta guía es un paso importante para democratizar la información y reducir la posibilidad de actos irregulares”, indicó.
En tanto, Yadira Cárdenas Tagle, integrante del Comité Estatal Anticorrupción, advirtió que la falta de claridad en estos procesos fomenta la informalidad, que actualmente afecta al 64.3 por ciento de las unidades económicas en México, según el INEGI 2024.
“Lo más grave no es solo el impacto económico, sino que la corrupción puede tener consecuencias sociales y hasta poner en riesgo vidas”, afirmó.
Finalmente, los ponentes, indicaron que la Guía de Cumplimiento Normativo presentada por Grafeno y aliados se perfila como una herramienta estratégica para disminuir la tramitología, fomentar la formalidad, reducir los costos legales y combatir la corrupción.
La apuesta es clara: una comunidad empresarial más fuerte, informada y protegida, capaz de operar en un entorno regulatorio justo y transparente.
