* Llama al Estado mexicano a implementar políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para erradicar estas violencias y discriminaciones……
Por Martha Romero
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoció que la violencia contra mujeres y niñas en México ha aumentado, misma que es perpetrada tanto por agentes estatales como no estatales, incluyendo al crimen organizado, violencia que abarca desapariciones, tortura, violencia sexual y feminicidios, a menudo con armas de fuego, y se agrava por la respuesta ineficaz del Estado mexicano y sus deficientes políticas de seguridad y control de armas.
Por ello, emitió 90 recomendaciones finales tras evaluarlo en su Décima Revisión Periódica, celebrada en Ginebra, mismas que visibilizan la grave crisis de derechos humanos que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres en el país.
En las 90 recomendaciones destaca la discriminación y violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres, incluyendo a la comunidad LGBTI, indígenas, desplazados, migrantes, buscadoras, defensoras y periodistas, considerando la interseccionalidad y el impacto del crimen organizado, además de exigir la implementar políticas públicas integrales con presupuesto suficiente para erradicar estas violencias y discriminaciones.
Radiografía de la violencia contra las mujeres
El Comité advierte que la violencia patrimonial y las limitadas oportunidades económicas ponen a las mujeres, especialmente de grupos marginados, en riesgo de trata y trabajo forzoso, por lo que urge a sancionar a funcionarios que incumplan la ley y establecer mecanismos contra la corrupción, recomienda aumentar recursos para inspecciones laborales y reforzar la atención a víctimas, con datos sobre perfiles y eficacia de las intervenciones.
Si bien reconoce que hay avances legislativos en México, ha aumentado la violencia de género, incluidos feminicidios, desapariciones y violencia sexual, ello debido a fallas estructurales como políticas de seguridad ineficaces, falta de datos y discriminación interseccional, además de la aplicación desigual de protocolos con perspectiva de género, por lo que se deben armonizar leyes, recopilar datos precisos y garantizar reparaciones transformadoras, así como reforzar refugios y mejorar la respuesta ante desapariciones.
Señala que a pesar de las reformas legales, el acceso al aborto sigue siendo obstruido y condenado legalmente a pesar de los avances en la legislación federal porque prevalece el estigma y la resistencia del personal de salud para garantizar el acceso a un aborto, por lo que recomienda armonizar las disposiciones penales con los avances legislativos en materia de acceso al aborto, garantizar la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sin exigir a las víctimas de violencia sexual que presenten informes policiales o pruebas judiciales de violación.
Ante el elevado número de mujeres defensoras de derechos humanos y periodistas asesinadas, desaparecidas, y atacadas a través de amenazas, violencia física, vigilancia, ataques digitales y criminalización, instó al Gobierno de México a abordar las graves deficiencias de instancias oficiales como el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, realizar análisis de riesgo con perspectiva de género e interseccionales, con financiación adecuada, coordinación entre instituciones federales y locales, investigaciones rápidas, exhaustivas e imparciales que garanticen reparación integral y enjuiciamiento de los actores responsables de los ataques.
Desafíos urgentes al Estado Mexicano
El informe del CEDAW plantea desafíos que el Estado mexicano debe asumir con urgencia, entre ellos, atender la violencia feminicida como una prioridad nacional al armonizar la legislación penal en todo el país, garantizar investigaciones con perspectiva de género y sancionar a los responsables de feminicidios y desapariciones.
También debe garantizar justicia y reparación para las víctimas de violencia sexual y tortura al Implementar mecanismos eficaces para la denuncia, atención y reparación transformadora, incluyendo acceso a servicios en zonas rurales e indígenas.
Finalmente, el CEDAW exige voluntad política y transparencia en un contexto donde por primera vez una mujer encabeza el Poder Ejecutivo Federal, pues el cumplimiento de las recomendaciones emitidas debe marcar un cambio histórico y una oportunidad para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de presentar información precisa sobre los avances logrados.
