Por Karina Libien
Como ya lo habíamos comentado en otra columna, el consumo en México está disminuyendo. Y no lo digo yo, lo afirma el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Las cifras más recientes del instituto muestran una clara desaceleración en el consumo privado, uno de los principales motores del crecimiento económico nacional.
Esta tendencia no es menor, pues refleja el estado real de la economía desde la perspectiva más cercana a la gente: el bolsillo.
La inflación, aunque ha bajado respecto a sus picos más altos, sigue afectando el poder adquisitivo de millones de familias; a esto se suma el aumento en las tasas de interés, que encarecen el crédito y limita aún más la capacidad de consumo.
El resultado es un escenario en el que las compras disminuyen, la demanda interna se debilita y muchas empresas comienzan a resentir la falta de dinamismo en sus ventas.
Además, los precios de productos esenciales han aumentado significativamente. Por ejemplo, el kilo de huevo se vende en 52 pe-sos, con un incremento de 5.71%; el kilo de plátano cuesta 27.90 pesos, con un aumento de 14.05 %; y el kilo de limón se comercializa en 29.00 pesos, con un alza de 16.31%.
Por supuesto que estos incrementos impactan directamente en el gasto diario de los hogares mexicanos.
Otro factor que complica aún más el panorama, es la reciente disminución en el envío de remesas, una fuente de ingreso fundamental para millones de familias en zonas rurales y marginadas.
El flujo de dinero proveniente de Estados Unidos ha comenzado a reducirse ante el endurecimiento de las políticas migratorias y el temor de connacionales a ser deportados o extraditados, particularmente bajo un ambiente político más hostil con el avance de discursos antiinmigrantes.
El freno en las remesas no sólo reduce la capacidad de consumo inmediato, también debilita las economías locales que dependen de ese ingreso constante.
A ello se suma una realidad que desmiente el discurso de que “primero los pobres”.
Según datos del Coneval, entre 2018 y 2022 el número de personas en pobreza extrema aumentó en más de 1.6 millones, pasando de 8.7 a 10.3 millones de personas. Si bien en 2023 se registró una ligera mejoría, la pobreza moderada sigue afectando a más de 46 millones de mexicanos, y los ingresos laborales siguen siendo insuficientes para cubrir el costo de la canasta alimentaria en muchas regiones del país.
Ante este panorama, la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado medidas para mitigar el impacto de la inflación en la economía familiar.
En noviembre de 2024, firmó el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) 2024-2025, fijando un precio máximo de 910 pesos para los 24 productos de la canasta básica, con una reducción de 129 pesos respecto al acuerdo anterior.
En abril de 2025, también anunció un pacto con más de 130 mil tortillerías para reducir en 5 % el precio del kilo de tortilla, mediante créditos, descuentos en insumos y eliminación de intermediarios. La medida busca aliviar el costo de un alimento fundamental en la dieta nacional.
Sin embargo, si esta tendencia de enfriamiento económico se mantiene, México podría estar en riesgo de entrar en recesión.
¿Y qué pasaría si eso ocurre?
Una recesión significaría la contracción sostenida de la economía. Implicaría pérdida de empleos, caída del consumo, menor inversión nacional y extranjera, aumento de la pobreza y presión sobre las finanzas públicas.
Las familias sentirían aún más el impacto en su poder adquisitivo, y la incertidumbre se traduciría en una menor capacidad de reacción por parte del Estado.
Como dijo alguna vez José López Portillo: “Debemos aprender a administrar la abundancia”, pero hoy, irónicamente, parece que estamos aprendiendo a administrar la escasez, y, en palabras del propio Andrés Manuel López Obrador: “Por el bien de todos, primero los pobres”, pero si el consumo se desploma, si el gasto de las familias se reprime, si las remesas dejan de llegar, si la pobreza extrema crece y si la inflación sigue desbordando el ingreso, entonces el gobierno tendrá que demostrar que sus discursos no son promesas vacías.
Estarán de acuerdo que “…cuando el bolsillo habla y el gobierno no escucha, lo que viene después no es sólo una crisis económica, sino una crisis de confianza”.
