Esta vez fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa quien propuso que la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) contemple que los primeros cargos de jueces y magistrados que se apeguen a procedimientos de elección popular sean para ocupar las plazas que están vacantes y que representan 10 por ciento de la plantilla actual.
De igual manera, también planteó la posibilidad de que se dé acceso prioritario a los procesos de elección popular a quienes ya tienen la llamada carrera judicial, a fin de no afectar los derechos de quienes cumplen los requisitos de ley.
Sobre este tema, Esquivel Mossa, igual considera que una vez aprobada la reforma judicial todos los integrantes de la Corte deben ser elegidos por voto popular y que exista paridad de género en la selección de los integrantes del PJF.
La integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) señaló que, de manera personal, presentó al Poder Legislativo propuestas a considerar en las discusiones de la reforma, algunas de las cuales ya también han sido planteadas por integrantes de la legislatura y especialistas en derecho, en donde se propone que los juristas que integren el órgano que sustituirá al actual Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y que se denominará Tribunal de Disciplina Judicial, esté integrado por personas elegidas por voto popular.
Por otra parte, también se contempla que la sustitución de jueces y magistrados se haga de acuerdo con una elección cada tres años, siempre y cuando cumplan con garantía de idoneidad y excelencia en los perfiles que se establezcan para los juzgadores.
También propuso que los jueces sean servidores públicos cercanos a la gente y se integre una defensoría pública itinerante, además de que se establezca la figura de la revocación del cargo y/o refrendo popular para los impartidores de justicia, pues, señaló, este modelo no es nuevo y se aplica para algunos cargos que se desempeñan en Estados Unidos.
Vale recordar que el proyecto enviado al Congreso de la Unión en febrero pasado y que será discutido a partir del 1 de septiembre, una vez que se instale la LXVI legislatura del Congreso de la Unión, contempla cambios a 16 artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial del país en su conjunto.
Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.
Una de las propuestas más polémicas es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que estos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por la ciudadanía.
Para ellos, estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados. Los candidatos a dichos cargos serán propuestos en partes iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
El proyecto contempla la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarían también a la SCJN.
Se propone también regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados. Para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar el porqué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.
