Las denuncias hechas por exministros, jueces y analistas no deja lugar a dudas y alerta lo que para muchos es un secreto a voces: La reforma judicial presentada por Andrés Manuel López Obrador, misma que ha sido impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y aprobada por Morena y sus aliados mediante una sobrerrepresentación legislativa ilegal, es un auténtico fraude. Un fraude judicial en su esencia y un fraude electoral en su ejecución.
Fuentes consultadas hacen referencia en el sentido de que esta reforma presenta errores evidentes de diseño, muchos de ellos son deliberados. Esas mismas voces denuncian que la premisa de elegir jueces y magistrados por votación popular ignora la naturaleza misma de la función jurisdiccional y su distribución geográfica.
Según explican las fuentes al interior de las mismas dependencias judiciales, a diferencia de un sistema de representación política, donde los distritos buscan garantizar un equilibrio poblacional, el Poder Judicial se estructura en función de la especialización y la carga de trabajo en los tribunales. Por ello aseguran que la reforma desconoce esta realidad e impone un modelo de elección que vulnera los principios de imparcialidad y especialización que deben regir a la judicatura.
Lo más preocupante del tema, lo más grave para los analistas es el fraude electoral que se está gestando en este proceso. Desde el diseño de la elección hasta la manipulación de las candidaturas, todo apunta a un esquema amañado para garantizar el control político sobre jueces y magistrados.
Las mismas fuentes explican que en una elección democrática, el voto debe ser universal y de igual peso para todos los ciudadanos. Sin embargo, en la elección de jueces y ma-
gistrados que propone esta reforma, esto no será así.
Dependiendo de su lugar de residencia, un ciudadano podrá votar por más o menos jueces y magistrados. Mientras que en la Ciudad de México se elegirán 168 cargos, en el Estado de México sólo 55, en Oaxaca 16 y en Colima o Baja California Sur apenas seis. No se trata de una cuestión de población, sino de una aberrante distribución que otorga a al-gunos electores mayor poder de decisión que a otros.
Y si eso no fuera suficiente, para agravar aún más la situación, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha creado una división territorial judicial electoral sin sustento constitucional. Los llamados “distritos judiciales electorales” fueron inventados para hacer viable la reforma, sin importar que distorsionan el principio de igualdad del voto.
En muchas entidades, el INE sorteará las materias judiciales sobre las que se podrá votar, dejando a ciertos ciudadanos sin posibilidad de sufragar por algunos jueces. Esto no es democracia; es un sistema de asignación aleatoria, la dictadura de la tómbola.
A esto se suma el desaseo en la integración de las listas de candidatos. El Senado envió al INE listados de aspirantes que incluyen a personas que no se registraron y excluyen a otras que sí lo hicieron. Casos como el de la magistrada Lilia Mónica López Benítez, quien rechazó participar en la elección por estar en contra de la reforma, pero apareció en la lista enviada por el Ejecutivo, evidencian el manoseo político del proceso.
Y para que el proceso sea más pantanoso, según las fuentes consultadas, el INE ha reconocido que no cuenta con información básica sobre las 955 postulaciones presentadas por el Ejecutivo. No sabe si las personas enlistadas están en el padrón electoral, si existen homonimias o si hay manera de contactarlas para verificar su identidad.
Esto significa que la autoridad electoral imprimirá boletas con nombres de candidatos desconocidos, lo que convierte la certeza del proceso en un absurdo.
Hay que recordar que nunca en la historia democrática del país habíamos llegado a este nivel de abuso y exceso desde el poder. Estamos ante un proceso contaminado desde su origen, donde ni los votantes ni la autoridad electoral tienen plena claridad sobre quiénes son los candidatos.
Esto no es una elección; es una farsa montada para disfrazar de democrático lo que en realidad es un asalto al Poder Judicial.
Los denunciantes aseguran que la intención de esta reforma no es fortalecer la justicia ni acercarla a la ciudadanía.
Su propósito es someter al Poder Judicial al control del Ejecutivo y sus aliados, eliminando cualquier contrapeso institucional que frene sus abusos.
El fraude judicial que se está consumando en México no sólo afecta a jueces y magistrados, sino a todos los ciudadanos que confían en un sistema de justicia imparcial.
