* Buscan garantizar derechos para personas con discapacidad, así como adultas mayores y mujeres, entre otros……
Martha Romero
Por unanimidad de votos, las comisiones unidas del Congreso Mexiquense aprobaron una serie de reformas constitucionales que representan un parteaguas en la protección social dentro de la entidad.
Estas modificaciones buscan no solo mantener, sino blindar a futuro, diversos programas sociales orientados a los sectores más vulnerables: personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres en situación de vulnerabilidad, trabajadores del campo y pescadores de pequeña escala.
Además, se reconoce el derecho humano a una vivienda digna, con la obligación del Estado de generar los instrumentos y apoyos necesarios para hacerlo posible.
El dictamen aprobado recoge iniciativas presentadas por las bancadas de Morena, PRI, Movimiento Ciudadano y la propia gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lo que da cuenta de un amplio consenso político en torno a la urgencia de garantizar la permanencia de estos beneficios.
Se trata de un paso trascendental, pues al incorporarse a la Constitución local, estos programas quedan protegidos de vaivenes políticos y presupuestales, asegurando continuidad más allá de coyunturas partidistas o cambios de administración.
Pensión no contributiva para adultos mayores y personas con discapacidad
Uno de los ejes centrales de la reforma es el reconocimiento del derecho de las personas con discapacidad permanente, menores de 65 años, así como de todas las personas mayores de esa edad, a recibir una pensión no contributiva.
Esta medida rompe con la lógica de que solo quienes cotizaron en un sistema laboral formal pudieran acceder a un apoyo en la vejez o en situaciones de discapacidad. La decisión implica que ningún mexiquense en estas condiciones se quede sin un ingreso básico que le permita afrontar con dignidad sus necesidades cotidianas.
La reforma también establece que, en el caso de las personas con discapacidad, el Estado brindará servicios de rehabilitación y habilitación, priorizando a niñas, niños y adolescentes. Con ello, se busca no únicamente el apoyo económico, sino una verdadera inclusión social y laboral a mediano y largo plazo.
Derecho a una vivienda digna
El dictamen incorpora de manera explícita el derecho de toda persona a una vivienda digna y adecuada. Esto significa que el Estado deberá garantizar, de manera progresiva, instrumentos y apoyos que hagan realidad este derecho, pasando del simple reconocimiento en leyes secundarias a un mandato constitucional.
La reforma pretende cerrar la brecha entre el derecho escrito y su ejercicio práctico, obligando a las autoridades a diseñar políticas de acceso, financiamiento y construcción de vivienda que respondan a la realidad de miles de familias mexiquenses.
Apoyos al campo y a la pesca
Otro apartado de gran relevancia es el destinado al sector primario de la economía. La Constitución local ahora contemplará la entrega de un jornal seguro, justo y permanente para las personas trabajadoras del campo que cultiven tierras con árboles frutales, maderables o especies que requieran procesamiento.
Además, el Estado proveerá fertilizantes gratuitos y un apoyo anual directo a los productores de pequeña escala, fortaleciendo así la producción local y la seguridad alimentaria.
En paralelo, se otorga un apoyo económico anual a pescadores de pequeña escala, reconociendo el papel estratégico que tienen estas actividades en la economía de diversas comunidades y en el abasto de alimentos. De esta forma, se busca equilibrar las condiciones de vida de sectores históricamente olvidados.
Apoyo a mujeres en situación de vulnerabilidad
Las reformas también contemplan un apoyo económico periódico dirigido a mujeres que habiten en el territorio estatal y que se encuentren en condición de vulnerabilidad. Este punto atiende directamente una de las mayores desigualdades estructurales: la económica, que afecta de manera desproporcionada a mujeres en contextos de violencia, pobreza o abandono.
Blindaje presupuestal
Un aspecto innovador de la reforma es el blindaje financiero de estos programas. El Estado de México destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes, oportunos y adecuados para garantizar la transferencia directa hacia la población beneficiaria.
Asimismo, se establece que el monto de los recursos no podrá disminuir en términos reales respecto al ejercicio fiscal inmediato anterior. Esta disposición busca evitar recortes discrecionales que afecten a la población más necesitada, aplicando el principio de progresividad y no regresión de los derechos sociales.
Desarrollo social y dignidad humana
Finalmente, el dictamen incorpora el concepto de “desarrollo social” en el artículo 5 de la Constitución local y garantiza no solo el acceso, sino el ejercicio pleno de los derechos sociales, así como la dignidad humana como principio rector.
Este cambio semántico es de enorme trascendencia, pues obliga a las autoridades a pasar de la simple provisión de apoyos a la construcción de condiciones estructurales que permitan a la población desarrollarse integralmente.
Un consenso político con miras al futuro
El hecho de que estas reformas hayan sido aprobadas por unanimidad refleja que existe un acuerdo transversal entre fuerzas políticas para proteger los derechos sociales básicos.
En un contexto nacional en el que los programas sociales se han convertido en un tema de debate y, en ocasiones, de confrontación partidista, la decisión del Congreso mexiquense se coloca como ejemplo de cómo las instituciones locales pueden dar pasos firmes hacia el blindaje de conquistas sociales.
Estas reformas, además, responden al proyecto de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien ha insistido en que la política social debe dejar de ser un instrumento clientelar y transformarse en un derecho garantizado.
Con la aprobación de estas modificaciones constitucionales, el Estado de México se coloca a la vanguardia en la construcción de un marco jurídico que prioriza la dignidad humana y el bienestar social como pilares de la vida comunitaria.
En suma, el Congreso mexiquense ha elevado a rango constitucional una serie de derechos y apoyos que marcarán un antes y un después en la vida de miles de familias.
El verdadero reto, sin embargo, será traducir estos mandatos en políticas públicas eficaces, transparentes y sostenibles que conviertan los derechos en realidades palpables para cada mexiquense.
